Cuando Javier Milei apenas asumió comunicó lo que ya venía anunciando desde la campaña electoral, en el sentido de que paralizaría la obra pública para bajar los gastos porque no había dinero, la creencia mayoritaria fue que se trataba de una medida temporal, de corto alcance y duración. Incluso ese carácter provisorio fue argumento esgrimido por los defensores del modelo libertario como herramienta para lograr el equilibrio fiscal. Pero han pasado ya casi 21 meses desde que comenzó la nueva gestión y la obra pública sigue con un ritmo muy bajo, salvo algunos casos puntuales y las que, con mucho esfuerzo, vienen financiando provincias y municipios.
Un informe recientemente publicado por el sitio de verificación de información chequeado.com y la Red Federal de Periodismo e Innovación consigna que más de la mitad de las obras públicas heredadas de la gestión de Alberto Fernández están paralizadas: de unas 2.700 inconclusas, el 54% no tuvo ningún avance bajo el actual gobierno. La mayoría se concentran en Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos. El trabajo revela que de todas las obras “heredadas” (2.692), el gobierno de Milei finalizó 330. Sin embargo, de 2.284 obras que ya debieran haberse finalizado, en más de 1.400 casos no se registró ningún avance. Son apenas 78 proyectos los que avanzan según lo planificado.
La continuidad de la restricción de recursos para la obra pública tiene consecuencias inmediatas y directas. Genera desempleo y afecta, en el caso de la falta de mantenimiento de las rutas, por ejemplo, a la seguridad de las personas, pero en términos más amplios y estratégicos la paralización de la obra pública es un golpe directo al corazón del desarrollo productivo argentino
La infraestructura pública no constituye un gasto superfluo, sino la condición necesaria para que el país pueda ser sustentable y competitivo. La infraestructura pública no constituye un gasto superfluo, sino la condición necesaria para que el país pueda ser sustentable y competitivo.
La infraestructura pública -caminos, rutas, redes de energía, acueductos, viviendas, escuelas- no constituye un gasto superfluo, sino la condición necesaria para que el país pueda ser sustentable y competitivo. Allí donde el Estado se retira, se frena la expansión de las economías regionales, se ahoga la generación de empleo y se perpetúa la desigualdad territorial que es característica de un desarrollo inequitativo de la Argentina.
En regiones menos desarrolladas respecto de la zona núcleo como el caso del Noroeste argentino, donde Catamarca está inserta incluso con un grado de desarrollo relativo menor que otras provincias, la falta de inversión pública en rutas o infraestructura hídrica o energética se convierte en un obstáculo insalvable. También gravita negativamente la disminución drástica de recursos federales para la construcción de escuelas y hospitales, afectando gravemente derechos básicos de la población.
El Gobierno nacional se jacta de no gastar, pero en esa lógica confunde ahorro con parálisis y equilibrio fiscal con abandono. La verdadera discusión no es si la obra pública cuesta. La pregunta es cuánto más costará al desarrollo nacional su ausencia.
