Los uniformados depusieron la medida tras el anuncio de incrementos salariales del Gobierno provincial.
Después de días marcada por la tensión en las calles de Rosario, los efectivos de la Policía de Santa Fe decidieron levantar la protesta tras el anuncio del gobernador Maximiliano Pullaro de otorgar aumentos salariales para todo el personal en actividad. La medida puso fin a días de manifestaciones frente a la sede de la Jefatura, con patrulleros estacionados, quema de cubiertas y un “sirenazo” que interrumpió la rutina de la ciudad.
El conflicto se intensificó ayer cuando un grupo de uniformados increpó al jefe de la fuerza, Luis Maldonado, a quien incluso escupieron durante uno de los episodios más tensos. El oficial intentaba dialogar con los manifestantes, pero debió reingresar a la Jefatura ante empujones y agresiones, un hecho que quedó registrado en videos difundidos en redes sociales y que evidenció el malestar del personal por la situación salarial y laboral.
En conferencia de prensa desde la Sala Walsh de la Sede de Gobierno en Rosario, Pullaro destacó que el reclamo policial “fue justo y genuino” y que merecía ser escuchado tanto por efectivos en actividad como por agentes retirados. “Quiero ser claro y específico: ningún policía de la provincia va a percibir menos de un sueldo inferior a 1.400.000 pesos”, aclaró el gobernador, detallando que con la incorporación de la garantía de canasta básica y el aumento de la Tarjeta Alimentaria Policial (TAP), los haberes para quienes estén en funciones operativas superarán los 1.438.835 pesos.
El mandatario señaló que, pese a las limitaciones económicas y la falta de crecimiento económico en el país, se realizaron esfuerzos para garantizar que los sueldos estén por encima de la inflación y permitir una recomposición que atienda los reclamos históricos de los efectivos.
Durante los días de protesta, el servicio de patrullaje debió ser compensado por jefes policiales, la Policía de Investigaciones (PDI), fuerzas especiales y federales. Se desplegaron 130 móviles para mantener la presencia en Rosario, mientras que la custodia directa de la Jefatura quedó a cargo de fuerzas especiales. Además, al menos 20 efectivos fueron separados y denunciados por incitación a la violencia y abandono del servicio, aunque el Gobierno confirmó que aquellos que retomen sus funciones serán reincorporados de inmediato.
La protesta también incluyó quema de cubiertas y concentración frente al edificio de Ovidio Lagos al 5200, lo que obligó a reorganizar el operativo y priorizar la seguridad ciudadana, manteniendo patrullaje preventivo en toda la ciudad.
Los manifestantes exigieron no solo la actualización de los haberes, sino también mejoras en condiciones laborales, reducción de la carga horaria y atención de la salud física y emocional del personal. Voceros del sector señalaron que la pérdida del poder adquisitivo había generado un descontento profundo y que la medida de fuerza era un llamado de atención para el Gobierno.