Niñez ultrajada. Las víctimas, en ambos casos, son niñas pequeñas.
Bernardino Antonio Cruz, un hombre de 50 años, fue imputado por el fiscal de la Cuarta Circunscripción Judicial con asiento en Santa María, Laureano Contreras, por el delito de “abuso sexual gravemente ultrajante”. El acusado, más conocido como “Muña-Muña”, se encuentra privado de la libertad desde mediados de marzo último. Recientemente, el juez de Control de Garantías de Santa María, José Luis Navarro, confirmó la prisión preventiva.
Fuentes consultadas por El Ancasti advirtieron que el magistrado santamariano también solicitó una junta médica para determinar la posible inimputabilidad de Cruz. Según se precisó, un informe psiquiátrico del Cuerpo Interdisciplinario Forense (CIF) indicó que el acusado presenta insuficiencia de facultades mentales, no comprendería la criminalidad del acto y representaría un riesgo para sí mismo como para terceros también.
La agresión sexual habría sucedido a mediados de febrero en Santa María. La víctima es una niña. La denuncia fue realizada por la madre de la nena en los primeros días de marzo. Durante la indagatoria, el acusado se mantuvo en silencio. Luego de confirmarse la detención, Cruz continuó alojado en la Comisaría Departamental de Santa María.
En relación con la investigación en torno a la agresión sexual denunciada, entre las primeras medidas, el fiscal Contreras indicó pericias psicológicas y psiquiátricas. Además, avanzó con las actuaciones de rigor y ordenó que se realice la entrevista en Cámara Gesell a la niña.
En otro orden, las mismas fuentes informaron que el juez Navarro confirmó la prisión preventiva a un anciano de 83, acusado por haber ultrajado a una niña. El caso se dio a conocer el mes pasado. Dada la avanzada edad el imputado, el fiscal Contreras hubo considerado la prisión domiciliaria. En este caso, el magistrado revocó este beneficio y dispuso que la detención se haga de manera efectiva en el Servicio Penitenciario. A la vez, se destacó que ambas resoluciones fueron apeladas por los defensores.
Los abusos sexuales en la infancia (ASI) son una forma de violencia extrema contra niños, niñas y adolescentes. En la mayoría de los casos, los agresores son personas del círculo íntimo de las víctimas. Por ello, en octubre de 2018, tras una modificación en el artículo 72 del Código Penal Argentino (CPA) se convierten en carácter de orden público los delitos sexuales contra chicos y chicas.
De esta manera, la acción ante la Justicia podrá ser iniciada por cualquier persona y el Estado, a través de los fiscales, estará obligado a llevar adelante las investigaciones correspondientes. Es decir, se elimina el requisito de la denuncia de los representantes legales del niño, niña o adolescente como condición para proceder.
Ante la sospecha o duda sobre un posible ultraje, cualquier persona puede y debe realizar la denuncia. El silencio es complicidad. A tal fin, uno de los canales para poner en conocimiento a las autoridades es la Línea 102 de Ayuda a Niños, Niñas y Adolescentes en Situación de Riesgo. El servicio es gratuito, anónimo y funciona todos los días, todo el día.
El victimario realiza un abuso de poder. A través de diversos mecanismos de manipulación y amenaza, quien abusa genera en la víctima un sentimiento de culpa y vergüenza. Es por ese motivo que quienes lo sufren pueden tardar mucho tiempo, incluso años, hasta que pueden poner en palabras lo que les sucedió. Niños, niñas y adolescentes suelen ser silenciados por sus propios agresores, mediante distintas estrategias. El agresor sexual se vale del miedo, la culpa y la manipulación. De esta manera, promueve la impunidad en estos actos de violencia.
A la vez, se destacó que la vulnerabilidad en estos casos reside en el hecho de que chicos y chicas, por su inocencia, condición física o sexual no comprenden la criminalidad de los ultrajes. “Estos agresores se aprovechan del amor y la confianza. Niños, niñas y adolescentes suelen reprimir los recuerdos, quedando atrapados en un círculo de silencios y secretos familiares”, explicaron.