Debate. cambios introducidos por el Gobierno dispararon la discusión sobre el financiamiento de la OSEP.
La controversia catamarqueña por la ampliación de la base salarial para el cálculo de los aportes a la OSEP se desarrolla en un contexto general de crisis de financiamiento de las obras sociales que tiene más de un motivo adicional a los meros defectos de administración o la eventual venalidad de prestadores y funcionarios.
La propia OSEP consignó hace unos días, por ejemplo, cómo el exponencial incremento del precio de los medicamentos ha llevado la incidencia de este insumo en su presupuesto general del 30 al 60% en solo dos años.
Otro elemento a tener en cuenta es la gran cantidad de conceptos no remunerativos que componen el salario de la administración pública, que no se tenían en cuenta para calcular la contribución del trabajador hasta los cambios introducidos el mes pasado, para aplicar la alícuota sobre un promedio de la totalidad del salario de la administración pública y el sector docente.
Sumado a la mayor rigurosidad de los controles sobre las prestaciones que incluyeron hasta denuncias penales y ajustes en la admisión de prescripciones medicamentosas que están en etapa de ensayo, la modificación de la base de cálculo ha permitido reducir el déficit crónico de la OSEP, aunque no eliminarlo todavía.
Uno de los nudos críticos que falta abordar es el de los salarios en los municipios del interior, cuya exigüidad es compensada por los intendentes no sólo con conceptos en negro, sino con emolumentos que no figuran en los recibos y se abonan bajo figuras como becas o subsidios.
No hay todavía cifras exactas y discriminadas por municipio en Catamarca, pero es un problema similar al que tienen otras provincias. Donde más instalado parece estar el debate es en Mendoza, que también fue pionera en buscar reducir el impacto del costo de los medicamentos sobre el presupuesto de la obra social a través de la importación.
El costo promedio de un afiliado de la OSEP mendocina, explicó el gobierno de Alfredo Cornejo, es de $76.000, mientras que los aportes municipales rondan los $35.000. Es decir, que las comunas sólo cubren el 45% de los gastos que realizan sus empleados.
La diferencia provoca un déficit de $2.300 millones mensuales, que son cubiertos por el Tesoro provincial.
La discusión gira en torno a la disparidad en los aportes que hacen los municipios, que obedece a varios factores: la cantidad de agentes municipales, las diferencias salariales entre los municipios y los acuerdos no remunerativos que se establecen en las paritarias locales.
El aporte del Gobierno provincial tampoco alcanza a cubrir el costo promedio por afiliado: $62.640 por cada uno, cifra que se acerca más al gasto real, pero que amplifica su gravitación por la gran cantidad de adherentes que tiene el Ejecutivo. En este caso, el déficit asciende a $2.805 millones al mes, unos 500 millones más que el que producen las comunas.
Los aportes combinados de los municipios y el Gobierno arroja un promedio por afiliado de $56.379, lo que representa una cobertura del 74% del gasto. El 26% restante, a diciembre de 2024, marcaba un rojo de $5.107 millones en las cuentas.
“Estamos dando una batalla por el convenio de medicamentos frente a la industria farmacéutica. En el último año, los medicamentos oncológicos y las prótesis aumentaron considerablemente. Muchos de estos casos son de afiliados municipales y, si bien vamos a seguir cubriéndolos, necesitamos revisar el esquema de aportes”, dijo el director de la obra social mendocina, Carlos Funes.
En Catamarca, el saneamiento de las finanzas de la OSEP es central para que el control del déficit no pase por la calidad del servicio. Es decir: para que el afiliado con problemas de salud graves no se convierta en variable de ajuste, sea por restricción de prestaciones o demoras en la provisión de medicamentos e insumos que a veces se arrastran meses.
