Las “absoluciones pagas”, que liberaron sin juicio a los acusados por el violento asalto de Parque América en diciembre del año pasado, provocaron un recrudecimiento de las críticas a la calidad de los procedimientos del Poder Judicial que el accidentado trámite de los Jurys impulsados en contra del fiscal de Instrucción Hugo Costilla, finalmente archivados, sostuvo en el centro de la agenda pública.
Más allá de las particularidades de estos procesos, se trata de un tema que emerge cíclicamente, con más potencia erosiva sobre el prestigio de la Justicia desde el todavía no esclarecido asesinato del ministro de Desarrollo Social Juan Carlos Rojas, del que en diciembre se cumplirán tres años sin que se hayan producido en la investigación novedades importantes.
Laureano Palacios, el fiscal que empezó la instrucción del expediente, fue absuelto en Jury que se le inició debido al defectuoso inicio de la investigación por un polémico fallo dividido, en el que los representantes legislativos del oficialismo hicieron mayoría con los dos abogados de la matrícula elegidos por sorteo, en contra de la presidenta de la Corte y la legisladora de la oposición, que se inclinaron por la destitución sugerida por el fiscal. 4 a 2: el componente político del tribunal salvó a Palacios.
En el caso de Costilla, dos años y medio después, se asistió a un extraño autoboicot de los miembros del Jury. Los procesos se cayeron porque el Tribunal se empecinó en obligar a actuar a dos fiscales que se habían inhibido por amistad con el acusado y, conminados, se abstuvieron de formular la indispensable acusación.
Entre Palacios y Costilla, el Jury absolvió al juez Civil, Comercial y de Familia de Belén, Miguel Ángel Aybar, acusado por mora judicial. En este juicio se destacó el detalle de que el presidente de la Corte votó por la absolución, cuando el proceso había sido instigado por la propia Corte. Ahora entró a Fiscalía otra denuncia contra Aybar, otra vez por mora injustificada.
Los nombres de quienes actuaron en los tres casos se omiten deliberadamente para evitar suspicacias personales que distraigan la atención de los inconvenientes sistémicos.
Las sentencia absolutorias de Palacios y Aybar fueron sorpresivas, los jurys contra Costilla ni siquiera llegaron a hacerse. Eran casos graves: fallas en los albores de la instrucción del asesinato de un ministro, cerca de 500 expedientes demorados y maniobras al menos equívocas en dos causas penales conectadas con las de las criptoestafas.
El abogado Marcos Gandini, defensor de Dardo “Peque” Condorí, el único acusado por el brutal homicidio de Raymundo “Gringo” Barrionuevo, tiende ahora sobre una instrucción desarrollada en el marco de la conmoción social provocada por el asesinato de Rojas. El desempeño de la Justicia también estará en el banquillo en el juicio popular, que iba a comenzar hoy pero se postergó para mediados de diciembre. Condorí va para los tres años de prisión preventiva.
En este contexto enrarecido por sospechas de negligencia o cosas peores, la ministra de la Corte de Justicia Fernanda Rosales Andreotti consideró que es necesario avanzar en la reforma de las leyes del Tribunal de Enjuiciamiento de Magistrados y Orgánica del Poder Judicial, que, a su criterio, son obsoletas.
En una entrevista en el programa “Se acabó lo que se daba”, de Ancasti Streaming, señaló la conveniencia de modernizar ambas legislaciones, tanto para preservar las garantías constitucionales de todas las partes como para transparentar los procedimientos institucionales.
“Necesitamos que la participación ciudadana sea mayor para dar legitimidad también a las decisiones, porque hay una crisis de representatividad que es muy fuerte", advirtió. n
