Un informe del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura consigna que hacia fines de 2024, la Argentina alcanzó el nivel más alto de su historia en cantidad de personas privadas de la libertad. El trabajo, titulado “La privación de la libertad en establecimientos penitenciarios en datos”, señala que al 31 de diciembre de ese año el sistema penitenciario albergaba a 121.443 personas. Traducido en términos poblacionales, la cifra equivale a una tasa de 258 detenidos cada 100.000 habitantes. El propio informe advierte, además, que no incorpora información del último año completo, por lo que resulta razonable suponer que el número haya continuado en ascenso durante 2025, profundizando una tendencia que ya es estructural.
El crecimiento de la población carcelaria no es un fenómeno reciente. En promedio, el aumento anual ronda el 6%, pero 2024 marcó un quiebre al registrar un incremento del 7,1%, por encima de la media histórica.
El dato más elocuente es el nivel de saturación: las cárceles operan al 130,2% de su capacidad. Es decir, donde debería haber lugar para 100 personas, hay 130. Esa sobreocupación explica, en parte, una práctica que se ha vuelto habitual y que no debería ocurrir bajo ningún concepto, como es la permanencia prolongada de detenidos en comisarías, espacios concebidos para la custodia transitoria y no para el alojamiento penitenciario. En Catamarca opera un fenómeno inverso: hay más lugares en las cárceles que presos. Pero es la excepción que confirma la regla.
El sistema carcelario argentino, salvo contadas excepciones, no cumple una función efectiva de reinserción social. El sistema carcelario argentino, salvo contadas excepciones, no cumple una función efectiva de reinserción social.
El informe propone un diagnóstico severo y señala fallas de fondo. Una de ellas es la persistente apelación a la ampliación de la infraestructura penitenciaria como casi única respuesta frente al problema, como si construir más cárceles alcanzara para corregir un modelo que produce, año tras año, más encierro. Esa lógica se combina con prácticas judiciales que alimentan el fenómeno: el uso extendido de la prisión preventiva, muchas veces aplicada de manera abusiva, y la resistencia a implementar medidas alternativas a la privación de la libertad.
No es un dato menor que cerca del 40% de la población carcelaria esté compuesta por personas procesadas, es decir, sin condena firme. La cifra desnuda una disfunción profunda del sistema judicial y relativiza, en la práctica, el principio de inocencia. La prisión preventiva, concebida como una herramienta excepcional, opera en los hechos como una pena anticipada.
A este cuadro se suma, como elemento que agrava el panorama, la reincidencia. El sistema carcelario argentino, salvo contadas excepciones, no cumple una función efectiva de reinserción social. Por el contrario, el encierro en condiciones de hacinamiento, violencia y precariedad termina reforzando trayectorias delictivas. La cárcel deja de ser un espacio de rehabilitación para convertirse, en muchos casos, en una escuela de delincuentes.
La magnitud del problema exige una reestructuración integral del sistema penitenciario y judicial, y esa revisión debe alcanzar también a la legislación penal. Pero el camino no puede reducirse al endurecimiento de las penas como recurso automático. La experiencia demuestra que el punitivismo, sin políticas integrales, solo multiplica el encierro sin resolver el delito.
