Desde que asumió Javier Milei se produjeron alrededor de 200.000 despidos de empleados registrados. Algunos de ellos pasaron a engrosar la nómina de desocupados, pero la mayoría terminó alistándose en el ejército de trabajadores precarizados o, directamente, en negro, que ya suman más de 8 millones, particularmente mujeres y jóvenes que apenas sobreviven con ingreso muy por debajo de la línea de la pobreza.
El Gobierno nacional celebra, con eufemismos, el “emprendedurismo” o el “cuentapropismo”, como si detrás de esas palabras se manifestasen evidencias de un camino de progreso individual y no, como efectivamente sucede, una pérdida de derechos. Los que logran convertirse en monotributistas integran un sector acotado del universo mayor de precarizados, que de igual modo no pueden acceder a los beneficios y derechos de los que sí gozan los trabajadores “en blanco”.
La expulsión de trabajadores registrados no es un fallo del modelo libertario, sino la consecuencia lógica de un plan de gobierno que asfixia el mercado interno y el entramado productivo argentino y que, como contrapartida, propicia la expansión de los negocios financieros especulativos. La informalidad es, consecuentemente, un espejo de la economía real: fábricas que cierran o reducen personal, multinacionales que se repliegan, inversión que se fuga hacia la especulación financiera, parques industriales que se van convirtiendo, como ocurrió en períodos anteriores de nuestra historia como país en los que se intentaron aplicar recetas neoliberales ortodoxas, en cementerios silenciosos.
Las estadísticas son consecuentes con el deterioro del entramado productivo: la actividad industrial cayó por cuarto mes consecutivo y alcanzó niveles similares a los de 2007, de acuerdo con un relevamiento elaborado por la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR). Según el informe, la magnitud de la contracción ubicó al sector en uno de sus peores registros en los últimos 18 años.
Al mismo tiempo el Estado, cooptado por funcionarios que propician su destrucción, se ha convertido en promotor del mismo mecanismo que debería combatir: contratos a término, monotributos encubiertos, tercerizaciones que disfrazan relaciones laborales dependientes.
Hay otras consecuencias perniciosas: se advierte un vaciamiento del sistema previsional, pues se necesitan hasta veinte monotributistas para aportar lo mismo que un trabajador en blanco. Así se compromete la sostenibilidad futura de las jubilaciones.
La falta de un proyecto productivo estratégico en Argentina no es solo un problema económico, sino también social y de derechos. Compromete el presente y el futuro de los trabajadores, los somete a la inestabilidad y la precariedad, y les arrebata el derecho a una vida digna y con oportunidades. Para recuperar la senda del desarrollo, el país necesita una visión de largo plazo que priorice la producción, la innovación y el empleo de calidad como pilares fundamentales para construir una sociedad más justa y equitativa.
