jueves 22 de febrero de 2024
Editorial

Políticas que deben mantenerse

La desaparición del Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad, anunciada por el presidente electo, Javier Milei, no es solo una reforma de la estructura del Estado que tiene como propósito central, y admitido, disminuir el gasto público. Es, también, una amenaza para las políticas que desde organismo se vienen desarrollando; por ejemplo, las que tienen como objetivo luchar contra los femicidios y la violencia de género, y asistir y contener a sus víctimas. De hecho, no se conocen declaraciones hasta el momento, ni del presidente electo, ni de las personas que ocuparán cargos como funcionarios en el nuevo gobierno, que den cuenta respecto de que habrá algún tipo de continuidad de esas acciones sistemáticas.

Sería engañoso suponer que el alto número de femicidios o la recurrencia en los casos de violencia de género implican el fracaso de las políticas orientadas a su prevención. La gravitación de este flagelo social sería mucho mayor sin la existencia de estas políticas, que además han permitido que se visibilice. Los datos dramáticos que se conocen ahora guardan estrecha relación con la tarea del organismo de hacer público el problema, primer paso para abordarlo con éxito.

El Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad ha elaborado un informe que permite cuantificar la tarea desarrollada en el último tiempo. A través del Programa Acompañar, más de 350 mil mujeres y personas de la diversidad sexual víctimas de violencia de género recibieron apoyo económico y psicosocial para fortalecer su independencia económica. En cuatro años de gestión, la Línea 144, que tiene como propósito brindar asesoramiento, contención y asistencia, recibió un millón doscientos mil llamadas y realizó más de 93 mil intervenciones ante situaciones de violencia de género.

Además, en el contexto del Programa Acercar Derechos, más de 30.000 mujeres y personas de la diversidad sexual fueron acompañadas y asistidas por equipos interdisciplinarios. En el seno del Ministerio, también, se desarrolló el Sistema Integrado de Casos de Violencia por Motivos de Género, de alcance nacional, que es una base unificada de datos que facilita enormemente la sistematización de la información para actuar eficazmente. Se ejecuta el Programa de Apoyo Urgente y se construyen 30 Centros Integrales de Políticas de Género y Diversidad, entre otras muchas acciones cuya continuidad se pone ahora en duda.

Sin embargo, las políticas contra la violencia de género y de protección de las mujeres y las personas de la diversidad sexual no son solamente motivaciones de un gobierno en particular. Son políticas de estado que deben mantenerse y que se sustentan en la Ley 26.485 de protección integral contra la violencia contra las mujeres y en tratados internacionales como la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, con rango constitucional, y la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, suscripta por Argentina.

De modo que no pueden sucumbir en el recorte de los recursos públicos que planea Milei, que deberá, para reducir el déficit fiscal, recortar los gastos innecesarios que existen en el sector público, sin afectar a las personas de mayor vulnerabilidad, o poner en marchas políticas que generen mayores ingresos.

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