En diciembre del año pasado, el presidente Alberto Fernández, la vicepresidenta Cristina Kirchner y el kirchnerismo en general celebraron la difusión de una serie de mensajes orales y escritos intercambiados por la plataforma Telegram entre jueces, funcionarios porteños, ejecutivos del Grupo Clarín y espías, referidos a los mecanismos más adecuados para plantar pruebas y manipular una eventual investigación judicial sobre un viaje que habían realizado a la mansión que el magnate Joe Lewis tiene en Lago Escondido, provincia de Río Negro.
Que el material proviniera de operaciones de espionaje ilegal no fue obstáculo para que Fernández las legitimara por cadena nacional usándolas para repudiar al Poder Judicial, parte del cual se aprestaba a dictar sentencia en la causa por corrupción en la obra pública de Santa Cruz que involucraba a Cristina, en la que finalmente fue condenada. Con su proverbial consistencia, el mandatario se autoelogió por haber desterrado a los servicios de inteligencia de tribunales y terminado con las “escuchas de opositores al poder de turno del Estado”, mientras sustentaba su acometida en escuchas ilegales.
Los contenidos fueron incorporados a la reserva de insumos para el juicio político a la Suprema Corte de Justicia que el kirchnerismo impulsaría en enero en la Cámara de Diputados de la Nación, proceso que ayer agregó novedosas turbulencias con otra irrupción desde las cloacas que Fernández supone haber depurado: una causa judicial involucró al diputado Rodolfo Tailhade, exdirector de Contrainteligencia de la AFI y ariete brutal de la arremetida contra la Corte, en una organización dedicada al espionaje ilegal operada por el policía retirado Ariel Zachetta.
Conforme a un dictamen del fiscal Gerardo Pollicita en una causa bajo control del juez Marcelo Martínez de Giorgi, Zachetta proveía a Tailhade habitualmente de información sensible obtenida por medios ilícitos y se reportaba con el operador ultrakirchnerista Fabián “Conu” Rodríguez, alto dirigente de La Cámpora, cercano a Máximo Kirchner y funcionario de la AFIP. El policía usaba como tapadera el oficio periodístico y cobraba pautas publicitarias del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires gestionadas por Rodríguez.
La mugre producida por Zachetta era utilizada por Talilhade y Rodríguez para perjudicar a sus enemigos. El servicio de Zachetta incluía publicaciones denigrantes en sus espacios periodísticos, que servían de estribo a las maniobras sucias de sus contratistas.
En el plexo probatorio de la causa constan nada menos que 1.996 informes secretos sobre diferentes objetivos que incluyen a políticos como Alberto Fernández, Javier Milei, Sergio Massa, Patricia Bullrich, Horacio Rodríguez Larreta y Axel Kicillof, jueces, fiscales, periodistas, dirigentes deportivos y empresarios.
Un arsenal de basura a disposición de Tailhade, “Conu” Rodríguez y sus mandantes para despellejar a quien se les antojara o consideraran conveniente en función de sus pestilentes estrategias. Tres de los cuatro miembros de la Corte sometida a juicio político fueron “objetivos” de Zachetta.
La reunión de la comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados se suspendió ayer por deserción de un kirchnerismo golpeado por el escándalo y la confirmación de los métodos empleados por el sector para chantajear o desacreditar enemigos. También, por la conciencia de muchos de haber sido blancos del espionaje ilegal que proveía deyecciones al exespía Tailhade.
El caso estalla a dos semanas del balotaje y complica al kirchnerismo, pero hay más de un precedente de operaciones de espionaje ilegal que salpicaron también al macrismo.
En el fallido Estado argentino, el inframundo de los hackers y los cuentapropistas de la inteligencia alimenta al poder coprófago.n
