Piden el traslado de Márquez y Castro por "inadaptación al régimen"
La querella y la propia institución carcelaria piden el traslado de las internas al Servicio Penitenciario de La Rioja.
Madre e hija. Están privadas de la libertad desde enero de 2024.
7 de julio de 2026 - 00:05
El Servicio Penitenciario Provincial (SPP) solicitó formalmente el traslado de María Gilda Márquez y su madre, María Eugenia Castro. Ambas mujeres fueron imputadas por el presunto delito de “homicidio calificado por alevosía en grado de tentativa”, hacia el Establecimiento Penitenciario Femenino de La Rioja. El pedido, firmado por la directora de la Unidad Nº 2 Penal de Mujeres, Nancy Mirabal, invoca "conductas reiteradas de inadaptación al régimen interno vigente" que, según el escrito, comprometen la seguridad, la disciplina y el orden del establecimiento, en los términos de la Ley Nacional 24.660de Pena Privativa de la Libertad.
Márquez y Castro están detenidas desde enero de 2025, acusadas de haber atacado a Roxana Murúa en el Salón de Usos Múltiples del Barrio 140 Viviendas, en El Bañado, Valle Viejo. Según la investigación, todo se originó por una discusión entre el hijo de Murúa, de 13 años, y un adolescente de 16, que luego regresó al lugar junto con Márquez, Castro y Facundo Ariel Monasterio. Los sospechosos portaban varillas de hierro. Márquez, además, habría llevado un cuchillo tipo "sierrita". Cuando Murúa intentó proteger a su hijo, Castro la habría golpeado en la mandíbula y en la nuca con un fierro, mientras Márquez —aprovechando que la mujer quedó indefensa— la habría apuñalado varias veces, entre ellas en el tórax. Murúa fue internada en terapia intensiva con asistencia respiratoria mecánica y su vida corrió peligro.
Por la presunta participación del adolescente de 16 años, la causa contra los adultos avanzó en la órbita del Tribunal Penal Juvenil. Márquez fue imputada por presunto “homicidio agravado por alevosía en grado de tentativa” como autora. En tanto que a su madre, Castro, se la acusó como partícipe necesaria de este delito, junto con Facundo Ariel Monasterio. El adolescente, finalmente, resultó sobreseído. Los tres acusados serán sometidos a un juicio por jurados. El camarista Miguel Lozano Gilyam fue sorteado como juez director.
Motín
El 29 de junio, un acta labrada por el SPP documentó un violento incidente en el pabellón de procesadas: Márquez y Castro arrojaron sillas, mesas y elementos personales por el pasillo, profirieron amenazas contra el personal y agredieron físicamente a varias agentes con golpes de puño y patadas. Castro, según consta en el acta, intentó además atacar con un cepillo de dientes afilado en punta. El hecho derivó en la sedación de ambas por vía intramuscular. A la vez, se suman al menos seis denuncias penales cruzadas presentadas esa misma noche por integrantes del personal penitenciario ante la Unidad Judicial Nº 5.
Tras el episodio, el SPP catamarqueño gestionó cupo en La Rioja, que respondió afirmativamente el pasado 2 de julio. Esta institución se encuentra en condiciones de dar alojamiento transitorio por tres meses, prorrogable, condicionado a que las internas respeten la disciplina interna.
Ante esta situación, el fiscal de Cámara Augusto Barros pidió que madre e hija acusadas sean alojadas en la Comisaría de la Mujer. No obstante, este planteo choca tanto con lo ya gestionado entre el SPP catamarqueño y la institución penitenciaria riojana como con la postura de la querella. Por su parte, la damnificada, representada en la querella por el abogado del foro local Pedro Justiniano Vélez realizó una presentación, solicitando el mismo destino. La querella argumentó que la alternativa que baraja el Ministerio Público Fiscal -alojarlas en la Comisaría de la Mujer- es inviable, ya que se trata de dependencias sin capacidad para procesadas por más de un par de días, sin actividades de tratamiento y con personal que circula armado por tratarse de una dependencia policial y no penitenciaria. Además, en mayo, la querella ya había anticipado, ante un pedido de cese de prisión preventiva de las propias imputadas, que ambas eran "el terror del penal de Mujeres".
“Ellas pretenden llegar a juicio en libertad o con prisión domiciliaria. Nosotros nos opusimos en virtud de que consideramos que existen riesgos procesales. Por el conocimiento que tengo, prácticamente son el terror del penal de Mujeres. Tienen varias circunstancias de violencia, incluso anteriores a esta causa. En el Servicio Penitenciario amenazaron a diversas reclusas. Tengo conocimiento de que muchas internas pidieron traslados de pabellones por el temor que infundían estas personas”, añadió.
