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Cara y Cruz

Peajes especulativos

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22 de septiembre de 2022 - 01:10

La reforma del Código Minero propuesta por el diputado nacional Francisco Monti impacta de lleno en el corazón de un negocio especulativo que se apodera a costo bajísimo de áreas mineras durante años, para rematarlas al mejor postor en el momento oportuno. Ocurre aún en Catamarca, en la ola del auge del litio, pese a las modificaciones del régimen local de la actividad que transfirió el control de los pedimentos del Juzgado Electoral y de Minas al Ministerio de Minería para, teóricamente, ganar en eficacia y agilidad.

Decenas de especuladores pasaron el cernidor de la primera depuración y retuvieron los pedimentos de litio que tenían o los transfirieron a terceros para seguir con la bicicleta a la espera de oferentes que comienzan a multiplicarse con la acelerada expansión del horizonte del negocio. Son millonadas de dólares en perspectiva que bien podría aprovechar la CAMYEN si el Estado avanzara decididamente en la recuperación de los pedimentos flojos de papeles. Los propietarios siguen pagando cánones insignificantes, si es que los pagan y lo que es más grave: no hacen las inversiones a las que están obligados para poner en valor las concesiones. Por falta de recursos u otros motivos, persiste ahí la defección en el control, que ahora le corresponde a la cartera minera.

Solo Monti ha planteado hasta ahora meter el cuchillo en la, decía Perón, “víscera más sensible”: actualizar los valores del canon minero, que se tocaron por última vez en 2017 multiplicando por cuatro las cifras vigentes desde 1993.

Vale decir que rige un canon solo cuatro veces superior al de hace 30 años. Si se considera los brutales niveles de inflación que la Argentina ha experimentado desde la crisis de 2001, la actualización es una burla cuyo resultado ha sido propiciar la especulación. Es extraño que únicamente Monti, que en su proyecto incluye una actualización automática anual, lo haya advertido.

“Mantener en precios razonables el canon minero –consideró el legislador- es muy relevante en cuanto las inversiones mínimas a las que están obligados los propietarios de minas, que están vinculadas al valor del canon. Es decir: si el precio del canon es irrisorio, las inversiones a que están obligados los concesionarios son también irrisorias, lo que alimenta la especulación inmobiliaria en materia minera y frustra los objetivos de la ley de fondo”.

A su criterio, es necesario adecuar la legislación para “cumplir con los objetivos del Código de Minería de la Nación en cuanto las concesiones mineras sean otorgadas a quienes verdaderamente tengan capacidad real de generar un desarrollo y lo demuestren en el efectivo pago de canon y realización de inversiones”.

En un contexto de incremento de las expectativas por el litio e interés de los Estados nacional y provinciales por promover la actividad minera en general, resulta sugestivo que el flanco legislativo señalado por Monti no sea materia de un debate más intenso.

No sólo porque lubrica maniobras de particulares para hacer fortunas con inversiones exiguas y sin ningún impacto social, sino también por los millones que el fisco pierde a raíz de que omite medida tan elemental como actualizar tributos acordes a la escalada inflacionaria para un sector muy particular, que no produce absolutamente nada mientras espera dar el gran golpe con la venta de lo que les permitieron retener. No son inversores mineros: son vivos que tienen pisadas concesiones otorgadas a precio de ganga por un Estado bobo, o cómplice.

La iniciativa de Monti es oportuna porque las propiedades litíferas son en estos momentos muy requeridas debido a su potencial. Hay una demanda en alza, que levanta los precios de bienes públicos concesionados. La lógica sería que el Estado gestione conforme a la evolución del fenómeno, en beneficio del conjunto de la sociedad. Sin embargo, en lugar de eso, mantiene las condiciones para que particulares operen como intermediarios. Esto es: propicia y ampara superfluos peajes especulativos.

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