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Cara y Cruz

Patente de corso

En su defensa de la Verificación de Subsistencia del Estado Parcelario, el Consejo Profesional de Agrimensura...

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17 de mayo de 2022 - 00:30

En su defensa de la Verificación de Subsistencia del Estado Parcelario, el Consejo Profesional de Agrimensura de Catamarca incurre en una confusión habitual cuando la razonabilidad de los argumentos es flaca: confundir legalidad con legitimidad. Que no es lo mismo, como el gato no es lo mismo que la liebre.

La legalidad del instituto está fuera de toda duda, pues muy bien se encargó el extinto exgobernador Eduardo Brizuela del Moral, “ingeniero agrimensor para más datos”, como enfatizan sus colegas, de incorporarlo al sistema legal catamarqueño en 2008.

Lo que este espacio editorial objeta es su legitimidad desde una perspectiva muy específica: el Estado le otorgó una patente de corso a la corporación que integraba quien en aquel entonces era gobernador. Las patentes de corso, se sabe, eran y son legales, razón que esgrimen invariablemente los corsarios contra quienes pretenden quejarse de sus exacciones.

¿Por qué se considera a la VESEP una patente de corso? Toda operación inmobiliaria que se realice pasados cinco años de la escrituración o la VESEP, requiere obligatoriamente otra VESEP, que también obligatoriamente debe ser realizada por un agrimensor matriculado, con un añadido delicioso: el precio lo establece el Consejo Profesional de Agrimensura a su arbitrio.

La VESEP, consigna la organización profesional en una solicitada que se publica en la edición de hoy, “no es una simple certificación, es un acto de mensura con todas la exigencias de aquélla y conlleva una responsabilidad superior”. Si es así, ¿cuál sería el motivo para hacerla otra vez apenas transcurridos cinco años?

Desde que se implementó, añade el escrito, “se detectaron superposiciones, construcciones mal emplazadas, replanteos con errores, escrituraciones en parcelas invertidas, barrios de viviendas mal replanteados, etc”.

Esta enumeración deja sin respuesta, nuevamente, preguntas importantes para abordar la problemática, reflotada la discusión ahora porque en lugar de cada cinco años la VESEP deberá hacerse cada diez.

Por ejemplo: ¿qué porcentaje representan las anomalías detectadas sobre el total de las operaciones realizadas desde que en 2008 se estableció la gabela? Esto permitiría analizar si fue tan alto como para justificar que se le imponga a todos los sujetos que celebran una operación inmobiliaria.

Como son datos que contribuirían a legitimar la patente de corso otorgada tan generosamente, llama la atención que los agrimensores no los difundan.

También podría cualquier malintencionado preguntarse quiénes fueron los responsables de las superposiciones, emplazamientos defectuosos, replanteos erróneos y escrituraciones falaces. Capaz que algún agrimensor participó de estas operaciones e incluso cobró por ellas. En tal caso, ¿qué pasó? ¿Hizo algo al respecto el Consejo o se quedó en la horma?

La posibilidad de que un agrimensor hiciera la verificación de otra verificación hecha por él mismo cinco años antes no era para nada remota. Lindo: cobrar por corregir un error propio.

Acá el asunto es que la VESEP es compulsiva aún cuando ninguna de las partes intervinientes en una transacción tenga la mínima duda sobre la regularidad de las mensuras y escrituras. Debe hacerse también para hipotecar inmuebles en operaciones de crédito.

El costo de las transacciones, de tal modo, se encarece sin motivo y eso conspira contra la dinámica económica y productiva. Es un costo parasitario porque debía afrontarse con una frecuencia desatinada, sobre mensuras o certificaciones realizadas apenas cinco años antes, por no hablar de que se trata de una tercerización de funciones que el Estado tiene a través de Catastro.

Plantear esto no es un “atropello a una obligación legal”, como pretenden los agrimensores. Las leyes pueden y deben revisarse cuando conllevan un perjuicio colectivo.

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