El Gobierno tiene hasta hoy a las 9.30 horas para acatar el fallo judicial que confirma la vigencia de la Ley de Financiamiento Universitario. Creen que habrá un escenario adverso cuando acudan a la última instancia judicial posible, la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Es por eso que en la Casa Rosada ya azuzan el mensaje de que “volverá el déficit”.
“Hoy en día no vamos a pagar. Lo digo así porque realmente no tenemos la plata. Ahí tiene que ver qué hace Manuel Adorni, que por ser jefe de Gabinete es el responsable de redistribuir fondos presupuestarios con eso para ver cómo se consigue la plata. Pero hoy en día no la tenemos”, indicó a Infobae una fuente inobjetable.
Y es que desde el Poder Ejecutivo estiman que el regimiento de la legislación sancionada el año pasado "tendrá un costo” de 2,5 billones de pesos. Es decir, $2.500.000 millones. El oficialismo logró que se rechazara una iniciativa similar impulsada por la oposición en 2024, pero no pudo hacer lo mismo al año siguiente: los bloques que no responden al Gobierno y otros dialoguistas sancionaron la ley y lograron voltear el posterior veto hecho por el Presidente. Luego judicializaron la medida, que fue rechazada en primera y segunda instancia.
Sin mucha esperanza, el Gobierno apelará a una última instancia: un recurso extraordinario federal ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Ahí es cuando entra una discusión sobre los tecnicismos del pago entre diversos de los actores involucrados.
En la Casa Rosada ya se están preparando para ver cómo pueden pagar de manera dosificada ese monto. “Se estima en 2.5 billones el costo que tendrá que afrontar el Poder Ejecutivo a partir del viernes tras un nuevo revés judicial”, indicaron desde un despacho.
Esto esgrime una fuente de altísimo rango en el Gobierno: “La Corte te tiene que conceder el efecto suspensivo y eso no ocurrió todavía, es altamente improbable que nos lo concedan”.
