El diputado provincial de La Libertad Avanza, Francisco Monti, presentó un proyecto de ley en el que propone modificar el régimen legal de CAMYEN y establecer que toda asociación, cesión, contratación o vinculación con terceros para la exploración, explotación o aprovechamiento económico de recursos mineros deberá realizarse obligatoriamente mediante licitación pública o concurso público.
Entre los puntos centrales del proyecto se encuentran: la prohibición expresa de la adjudicación directa de áreas, concesiones o derechos mineros por parte de CAMYEN, cualquiera sea el instrumento utilizado; estableciendo la nulidad absoluta de cualquier reglamento o disposición que habilite excepciones a los procesos de selección pública.
Sin embargo, Monti propone que toda excepción a la licitación pública solo podrá autorizarse por ley especial de la Legislatura, con fundamentos claros de interés público. De esta manera, el Poder Ejecutivo no podría autorizar adjudicaciones directas sin el aval del cuerpo legislativo.
De esta manera, el proyecto refuerza el control legislativo, obligando a CAMYEN a remitir informes completos y documentados sobre cada proceso licitatorio, sus ofertas, dictámenes, adjudicaciones y contratos. Apuntando a que la Legislatura tenga acceso detallado a toda la información sobre los acuerdos que la empresa estatal celebre con privados.
En los fundamentos del proyecto, Monti sostiene que los recursos minerales son bienes de dominio originario del Estado provincial y que su administración no puede quedar sujeta a decisiones discrecionales, aun cuando se ejerza a través de una empresa estatal. "El proyecto no frena la minería ni las inversiones, sino que busca que se desarrollen con reglas claras, transparencia y control democrático, asegurando que los beneficios de la actividad minera lleguen a todos los catamarqueños", señala sobre la iniciativa presentada el diputado libertario.
Con esta propuesta legislativa, Monti apunta directamente al mecanismo mediante el cual CAMYEN celebra acuerdos con empresas privadas para la explotación de yacimientos, terminando con "la discrecionalidad en la adjudicación de áreas y derechos mineros”, según sus dichos.
