Lo consideró el Equipo de Investigación de la Facultad de Humanidades de la UNCA.
A poco más de 10 días del femicidio de María Milagros Vázquez en La Paz, el Equipo de Investigación “Violencias estructurales patriarcales-coloniales-capitalistas y procesos de resistencia múltiples y situadas en territorios catamarqueños” de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Catamarca cuestionó las políticas públicas en materia de violencia de género. Por ello se solicitaron políticas públicas efectivas en todo el territorio catamarqueño, entre otras cuestiones.
“Ante el reciente femicidio de María Milagros Vázquez por parte de Juan Carlos Aguilar cometido en Recreo, La Paz, manifestamos nuestra profunda indignación y exigimos justicia. A partir de la noticia de este desenlace fatal se conocieron detalles de la tormentosa historia de Milagros, su madre y sus hijos, atravesada por múltiples violencias. Aun, habiendo intervenido el Poder Judicial ante los terribles tormentos que sufrió Milagros, el Estado no acompañó ni intervino en los abusos que Juan Carlos Aguilar continuó ejerciendo sobre Milagros, su madre y sus otros hijos. Su vida y su muerte ponen en evidencia la desprotección absoluta que sufrió y que sufren muchas mujeres, sobre todo en el interior de nuestra provincia, donde se encuentran abandonadas a ‘su suerte’ frente a sus victimarios que, como en este caso, las mantienen cautivas durante años en relaciones de abuso, violencia y sometimiento”, se remarcó.
Además, desde este Equipo se expresó una profunda preocupación por la ausencia de políticas públicas de prevención de las violencias de género y de acompañamiento a las víctimas en el interior provincial. “Los dispositivos de intervención no llegan y la presencia del Estado provincial se reduce a ‘delegaciones’. Éstas carecen de personal técnico capacitado para el abordaje de problemáticas sensibles como la violencia de género. La desfinanciación de las políticas públicas nacionales; la concentración de recursos en la ciudad capital; la precariedad o inexistencia de áreas con personal técnico capacitado en los municipios; la escasa, precaria o nula articulación entre diferentes áreas del Estado son todos aspectos que conspiran contra un abordaje efectivo de la problemática por parte del Estado, garantizando de esta manera la persistencia de violencias estructurales sobre los cuerpos de mujeres y disidencias en nuestra provincia”, se advirtió.
A la vez, se sostuvo que la desidia estatal en relación con este tema en la provincia, que convierte al Estado en cómplice de estos crímenes, se resume en varios aspectos, se precisó. “La actual gestión a cargo del Ejecutivo provincial desjerarquizó la política de prevención de la violencia de género reduciéndola a una ‘Dirección’, para hacer frente a una problemática tan compleja. Esto implica reducción de recursos humanos y presupuestarios que no permiten alcanzar de manera efectiva y eficiente la totalidad del territorio provincial”, se consideró.
También se destacó que a casi 10 años de la sanción de la Ley Provincial 5434 de Violencia Familiar y de Género, el Gobierno provincial aún no implementa el fuero especializado de Violencia de Género en el Poder Judicial. Esto se traduce en revictimización y nuevas violencias por parte de funcionarios policiales y judiciales sin formación específica, lo que deriva, muchas veces, en la impunidad en los hechos, se precisó.
“En los siete meses de la nueva gestión del Estado nacional, se han desmantelado sistemáticamente las políticas sobre la materia, quitando aportes fundamentales como los programas 'Acompañar' y 'Potenciar Trabajo' por motivos de género. Ante ello, los otros niveles del Estado provincial o municipal, no han logrado hacer contrapeso a este abandono de las responsabilidades estatales en materia de género, más bien lo contrario, han seguido el mismo camino”, señaló.
También se destacó que el reciente veto del Ejecutivo provincial a la ley de creación de áreas de prevención y asistencia en violencia de género en el ámbito de los hospitales públicos de la provincia pone en evidencia un completo desconocimiento de la realidad o un errado diagnóstico de ésta, se remarcó en el comunicado. Se justifica esta medida por la supuesta superposición de tareas, desconociendo que la mencionada “Dirección de Mujeres, Género y Diversidad” no tiene presencia ni equipos técnicos en el interior de la provincia, se advirtió.
“Consideramos que las violencias contra las mujeres y disidencias se agudizan en contextos de crisis social, política y ajustes económicos y la atención de estas situaciones no pueden ser de ninguna manera una variable de reducción presupuestaria de ningún tipo. Por el contrario, el Estado debe redoblar esfuerzos para fortalecer las políticas de prevención, abordaje, acompañamiento y sanción de las violencias de género en todo el territorio provincial, pero con especial énfasis en los lugares más alejados de la Capital provincial, donde las víctimas tienen menos posibilidades de acceder a la justicia y a la protección de sus derechos”, se sostuvo.
