En cadena nacional, el presidente Javier Milei presentó el proyecto de Presupuesto 2026 con un tono celebratorio, pero lo que en realidad se esconde detrás de los números y las proyecciones oficiales son argucias y trampas contables que, lejos de transparentar la situación, distorsionan la realidad y sientan las bases de un nuevo ajuste sobre la sociedad.
La primera de esas trampas es la subestimación de la inflación anual. El Gobierno la calcula en un inverosímil 10,1%. Todos los analistas coinciden en que, incluso en el escenario más recesivo, el piso real rondará el 18%. Esta diferencia no es un mero detalle: distorsiona la totalidad de los cálculos presupuestarios. Los aumentos que el Presidente exhibe como superiores a la inflación en sectores sensibles no lo son en relación con la inflación real, sino únicamente a la subestimada. Es decir, se trata de un espejismo.
El ejemplo más claro está en las universidades nacionales. Milei anunció un presupuesto de $4,8 billones para su funcionamiento, lo que en apariencia implicaría una mejora. Sin embargo, como advirtió el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), esa cifra no significa otra cosa que anualizar para 2026 lo percibido en diciembre de 2025. En realidad, la cifra queda muy por debajo de los $7,3 billones necesarios para que el sistema pueda funcionar normalmente.
La segunda trampa es aún más estructural: el presupuesto elimina compromisos claves en materia de educación, ciencia y defensa. Borra de un plumazo el 6% del PBI destinado a educación, desmantela la meta de alcanzar el 1% del PBI en ciencia y tecnología, y elimina el Fondo Nacional para Escuelas Técnicas, entre otros. El resultado de estas decisiones es brutal: la educación, que en 2023 representaba el 1,44% del PBI, pasó al 0,86% en 2024 y caerá al 0,75% en 2026, según los propios números oficiales.
Tampoco los sectores más vulnerables escapan al ajuste. El presupuesto global destinado a discapacidad asciende a $5,21 billones, apenas un 8,3% más que la asignación actual. Pero al analizar lo destinado a pensiones, el monto para 2026 es incluso menor que el de este año: $4,038 billones contra $4,059 billones.
A ello se suma la decisión de quitar el beneficio de la Zona Fría a más de tres millones de hogares, que dejarán de recibir descuentos del 30% o 50% en sus facturas de gas.
Y mientras se ajusta en educación, ciencia y políticas sociales, el Presupuesto abre la puerta a un beneficio monumental para las empresas distribuidoras de energía. El artículo 74 prevé un mecanismo que podría representar hasta $800.000 millones para cancelar deudas con Cammesa, favoreciendo principalmente a Edenor y Edesur. Una transferencia de recursos públicos a empresas monopólicas que contrasta de manera obscena con la poda de derechos en áreas esenciales.
En síntesis, el Presupuesto 2026 que Milei presentó como un acto de sinceramiento es, en verdad, un entramado de trampas contables y proyecciones irreales que terminan configurando un nuevo ajuste. Las universidades, la ciencia, la educación técnica, las personas con discapacidad y los hogares más vulnerables son los perjudicados. Las grandes empresas concentradas, en cambio, se llevan los beneficios.
