El bloque radical denunció irregularidades en la publicación y legalidad de los Decretos Acuerdos.
Este jueves en la sesión de la Cámara de Senadores se dio ingreso a varios expedientes, los cuales tomaron estado parlamentario y pasaron a comisiones. Entre ellos se encontraba el Decreto Acuerdo que designa provisoriamente a Dalmacio Mera en el cargo de Defensor del Pueblo, en un proceso que requiere la posterior aprobación de dos tercios del Senado.
A causa de esto, el bloque de diputados de la UCR dio a conocer que se encuentran trabajando en una presentación judicial contra esta designación y convocaron a los demás bloques opositores a sumarse.
En un comunicado de prensa, la UCR expresó que solicitará la declaración de inconstitucionalidad y nulidad absoluta del Decreto Acuerdo, argumentando que “la medida fue tomada de manera unilateral e inconstitucional, ya que modifica la Ley Provincial N° 5337, que regula la Defensoría del Pueblo, alterando su diseño institucional, las competencias, la duración del mandato y la estructura del organismo”.
Además, en el documento se señala que el decreto fue enviado a la Legislatura en virtud del artículo 184 de la Constitución Provincial, pero que hasta la fecha, 8 de mayo de 2025, ni el decreto ni otros similares relacionados con el Tribunal de Cuentas, el ENRE o la ex-CAPRESCA han sido publicados en el Boletín Oficial.
Situación que también fue remarcada por el diputado Luis Fadel, quien sostuvo que “estos decretos serían inconstitucionales y nulos de nulidad absoluta al no haberse cumplido el requisito esencial de publicidad”.
La falta de publicación, explicó el legislador, impide su entrada en vigencia y vulnera el derecho de los ciudadanos a conocer las normas que los rigen.
Al mismo tiempo, Fadel destacó que, aunque estos decretos fueron sancionados el 30 de abril, debieron expresar que su vigencia empezaría a partir de ese momento, lo cual no ocurrió, constituyendo así un vicio formal grave.
A su vez, los legisladores radicales denunciaron que el uso del artículo 184 de la Constitución para modificar instituciones y decisiones de gran impacto social durante un receso legislativo, sin debate ni participación ciudadana, representa un “uso abusivo” y un “retroceso institucional” que somete organismos de control independientes al control del Ejecutivo, afectando su autonomía y debilitando la división de poderes.
También cuestionan las acciones del Gobierno provincial, como los descuentos en OSEP, "con el mismo despojo institucional incrementa los descuentos a los trabajadores con salarios más bajos, violando las normativas laborales y los derechos constitucionales de la propiedad privada, realizados de manera confiscatoria".
Finalmente, en relación con el Defensor del Pueblo, sostuvieron que "el contenido del decreto implica una intromisión directa en competencias propias del Poder Legislativo, vulnerando el principio republicano de división de poderes".
