Un informe de C-P Consultora reveló que pasar de un empleo registrado a uno que no lo es le cuesta al trabajador, en promedio, hasta un 27,8% de su salario real. Ese movimiento, que se acelera en la Argentina de Javier Milei, responde a la lógica del propio modelo económico, que destruye puestos formales y deja en su lugar ocupaciones de subsistencia.
El mercado de trabajo atraviesa una precarización de carácter estructural, al punto que la desocupación llegó al 7,9% en el segundo trimestre y el empleo no registrado alcanza al 45% de los trabajadores. Casi la mitad de quienes trabajan en el país lo hace sin aportes ni cobertura, al margen de las protecciones que el derecho laboral fue consolidando durante décadas.
El estudio distingue según hacia dónde se migra. Quienes terminan trabajando por cuenta propia soportan esa caída del 27,8% en sus ingresos reales. Los que pasan de un puesto registrado a un empleo no registrado pierden un 13,9% de su poder adquisitivo.
El recorte salarial, con todo, no agota el problema. Con el ingreso se van también los aportes jubilatorios, la obra social, las vacaciones pagas, el aguinaldo y la protección ante accidentes o despidos. Quien queda fuera del sistema arrastra esa carencia hasta la vejez y la suma de millones de casos individuales pesa sobre un sistema previsional que ya trabaja al límite.
Pablo Moldovan, analista de C-P Consultora, advirtió que “lo que está creciendo es una forma de trabajo que es aún más precaria que la del asalariado informal”. Se refiere a ocupaciones vulnerables, sin salario fijo, sin jefe, sin lugar físico de trabajo y sin obra social. Son personas que se las arreglan solas para generar un ingreso, y difícilmente pueda llamarse emprendedurismo a lo que en muchos casos es la única salida disponible.
Catamarca muestra el mismo rumbo. De acuerdo con la Encuesta Permanente de Hogares del INDEC, en el aglomerado del Gran Catamarca (Capital, Valle Viejo y Fray Mamerto Esquiú) la población ocupada bajó de 104.000 a 97.000 personas entre el primer y el segundo trimestre de este año. Son unos 7.000 puestos menos en solo tres meses, en una provincia donde el Estado y unas pocas actividades concentran buena parte del empleo formal.
La misma encuesta indica que la crisis empujó a trabajadores calificados hacia la inactividad o hacia el cuentapropismo precario. Profesionales, técnicos y gente de oficio, formados muchas veces con esfuerzo familiar y con recursos públicos, terminan en tareas de baja productividad o dejan de buscar trabajo. La provincia pierde así un capital humano que le costó años reunir y que no le sobra.
Los informes oficiales y los de las consultoras privadas, con sus diferencias metodológicas, coinciden en que la mayor precarización laboral produce ingresos más bajos y, en consecuencia, más pobreza. Eso, por último, contradice la narrativa oficial, según la cual el rumbo actual conduce a una mejora sostenida del bienestar.