Un reciente informe del INDEC vuelve a confirmar el marcado deterioro de la calidad del empleo en la Argentina, un proceso que se ha profundizado de manera sostenida en los últimos dos años. El trabajo estadístico, titulado "Cuenta de generación del ingreso e insumo de mano de obra", consigna que en el tercer trimestre de 2025 el total de ocupados ascendía a 22.668.000 personas. De ese universo, apenas 11.063.000 contaban con empleo registrado. En paralelo, 5.669.000 trabajadores se desempeñaban como asalariados no registrados, mientras que 5.936.000 lo hacían bajo modalidades no asalariadas, mayormente como cuentapropistas.
La lectura conjunta de estas cifras deja como conclusión que los trabajadores no formales -resultado de sumar asalariados en negro y cuentapropistas- alcanzan los 11.605.000, superando en alrededor de 542.000 personas a los trabajadores formales. De modo que estamos en presencia de una transformación profunda del mercado laboral, en la que la precariedad avanza, pues la informalidad ya no es un fenómeno marginal sino mayoritario.
El impacto es particularmente severo entre los jóvenes. El propio informe del INDEC señala que la tasa de informalidad en este segmento etario asciende al 67%, es decir, casi 34 puntos porcentuales por encima de la tasa general. En provincias con economías más frágiles, como Catamarca, la situación resulta aún más alarmante: allí la informalidad juvenil llega al 68%, con un agravante adicional en el caso de las mujeres, cuya inserción laboral presenta niveles de precariedad superiores a los de los varones.
Estamos en presencia de una transformación profunda del mercado laboral, pues la informalidad ya no es un fenómeno marginal sino mayoritario. Estamos en presencia de una transformación profunda del mercado laboral, pues la informalidad ya no es un fenómeno marginal sino mayoritario.
La informalidad laboral supone para el trabajador, en términos concretos, la privación de derechos elementales: aportes jubilatorios, cobertura de salud, licencias pagas, aguinaldo, vacaciones, indemnización por despido. Es trabajo sin protección y sin horizonte previsional. Pero sus efectos no se agotan en el plano individual. También distorsiona el funcionamiento del sistema productivo, al colocar en clara desventaja a las empresas que cumplen con la legislación laboral frente a aquellas que operan al margen de la norma, alimentando un proceso que empuja a la informalización o al cierre de las firmas.
Las consecuencias se extienden, además, al conjunto de la economía. La informalidad desalienta la capacitación de la fuerza laboral, reduce la inversión en tecnología y limita las mejoras de productividad. En el plano macroeconómico, implica menos aportes a la seguridad social, menor recaudación tributaria -en particular del IVA- y una merma directa en los recursos coparticipables que sostienen a provincias y municipios. El deterioro del empleo formal termina, de esa manera, erosionando las finanzas estatales.
El gobierno nacional tiene la responsabilidad de impulsar políticas que promuevan de manera efectiva el empleo formal y frenen la expansión de la informalidad. No solo como un acto de equidad hacia los trabajadores, sino como una condición indispensable para evitar distorsiones crecientes en las variables macroeconómicas y preservar la viabilidad del sistema productivo y fiscal.
