La diputada Silvana Carrizo solicitó que se explique en qué se utilizan estas partidas e insistió en que tengan el control de la Legislatura.
El bloque de la UCR retomó su reclamo en torno a los fideicomisos mineros que creó la Provincia y en ese sentido solicitó que estos fondos sean alcanzados por la Ley de Administración Financiera. Este planteo lo realizó la presidenta del bloque de diputados radicales, Silvana Carrizo, mediante un proyecto de ley al advertir que los fondos fiduciarios provinciales están por fuera del presupuesto y no cuentan con ningún control.
El proyecto de la diputada está en estudio en la Comisión de Hacienda y Finanzas desde finales del año pasado y, según su autora, el oficialismo provincial se niega sistemáticamente a darle tratamiento. "La creación de fondos fiduciarios y entes públicos que no están previstos en el presupuesto de la Provincia genera un manto de dudas acerca del manejo razonable de estos recursos, que se administran sin control alguno", sostuvo Carrizo advirtiendo que su iniciativa tiene como fin que a estos fondos “se le aplique la Ley de Administración Financiera, de los Bienes y Sistemas de Control del Sector Público, que garantiza los principios de eficiencia y eficacia en la obtención y aplicación de los recursos públicos”.
La diputada se refirió específicamente “a los fideicomisos mineros que el gobernador, Raúl Jalil, acordó con varias empresas mineras y los cuales se integran por las regalías mineras propiamente dichas, un aporte adicional y un aporte de Responsabilidad Social Empresaria”.
En concreto, el proyecto propone una modificación a la Ley de Administración Financiera (Ley 4938), incluyendo a los Fondos Fiduciarios a entes públicos excluidos de la Administración Provincial para su posterior control. En este sentido, establece que “los directorios o máxima autoridad ejecutiva de las Empresas Públicas y Entes Públicos no comprendidos en Administración provincial, aprobarán el proyecto de presupuesto anual de su gestión y lo remitirán a la Secretaría de Presupuesto u organismo que en el futuro lo reemplace antes del 30 de septiembre del año anterior al que regirá”.
Agrega que “los proyectos de presupuesto deberán expresar las políticas generales y los lineamientos específicos que, en materia presupuestaria, establezca el órgano coordinador de los sistemas de administración financiera y la autoridad de la jurisdicción correspondiente; contendrán los planes de acción, las estimaciones de gastos y su financiamiento, el presupuesto de caja y los recursos humanos a utilizar y permitirán establecer los resultados operativo, económico y financiero previstos para la gestión respectiva”.
Además, establece que el Ejecutivo provincial, al momento de presentar el proyecto de presupuesto anual a la Legislatura deberá incluir a estos fondos fiduciarios. “No debe existir ningún recurso por fuera del presupuesto y muchos menos los recursos mineros”, planteó la legisladora, añadiendo que a nivel nacional la Ley de Administración Financiera y Sistemas de Control incluye para su control a “entes públicos excluidos expresamente de la Administración Nacional, que abarca a cualquier organización estatal no empresarial, con autarquía financiera, personalidad jurídica y patrimonio propio, donde el Estado nacional tenga el control mayoritario del patrimonio, incluyendo aquellas entidades públicas no estatales donde el Estado nacional tenga el control de las decisiones y por los Fondos Fiduciarios integrados total o mayoritariamente con fondos del Estado nacional”.
Carrizo justificó su iniciativa al sostener que “existe un flujo significativo de recursos que el Estado provincial percibe a través de fideicomisos mineros”. Sin embargo, consideró que estos fondos, “a pesar de su enorme cuantía”, son extrapresupuestarios. "No existe publicidad, ni sobre en qué, cómo se gastan y quiénes son los beneficiarios de las contrataciones”, dijo, añadiendo que “están exentos de cualquier control legislativo, ya que no forman parte de la ley de presupuesto que el Poder Ejecutivo envía cada año a esta Legislatura".
Para la legisladora opositora, "es fundamental conocer la cuantía exacta de estos recursos financieros y su destino, para dotar a esta importante suma de dinero de la transparencia que todo recurso público debe tener, y asegurar el adecuado control por parte de quienes representamos al pueblo".
“Si Raúl Jalil no garantiza la transparencia en el manejo de los fondos provenientes de la minería, es decir, su trazabilidad y la correcta información a la sociedad sobre su magnitud y destino, entonces está fallando en su deber como gobernador", aseveró.
Finalmente, la diputada radical destacó que es obligación del Estado “mejorar la transparencia y la rendición de cuentas en el sector minero, ya que la explotación de estos recursos debe contribuir al desarrollo sustentable y al beneficio de toda la ciudadanía”.
"Es imprescindible que el Gobierno promueva la gestión abierta y pública de los recursos minerales, mediante la publicación periódica y estandarizada de información sobre los regímenes aplicables a la exploración y explotación de minerales, los volúmenes de producción, y los pagos realizados y recibidos", cerró.
