La Justicia Federal se declaró incompetente en causa contra intendentes
En Catamarca se puso en duda el destino de más de $2.500 millones en Icaño, Corral Quemado y la Ciudad de Belén.
24 de marzo de 2026 - 00:22
La Justicia Federal de Catamarca se declaró incompetente en la denuncia que la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC) realizó contra los intendentes de Icaño, Franco Carletta (UP) y Corral Quemado, Isidro Gómez (JPC), y el exintendente de Belén, Daniel 'Telchi' Ríos (JPC), a quienes acusó de retirar dinero en efectivo mediante el cobro de cheques, cuyo rastro luego se perdió y no fue correctamente justificado. La maniobra, por más de $2.500 millones, ahora deberá ser investigada por el Ministerio Público Fiscal de la Provincia: para el fuero federal, al tratarse de recursos provenientes de la coparticipación y de funcionarios municipales, no les corresponde la competencia y no se configuraría la figura del lavado de activos.
La causa se inició tras un informe de la Unidad de Información Financiera (UIF), que advirtió a la PROCELAC sobre maniobras sospechosas que involucraban directamente a siete intendentes y cinco ex intendentes de Tucumán, Catamarca y Salta, sospechados de utilizar los fondos de sus municipios para el lavado de activos, al comprobarse que extrajeron por su cuenta o por vía de terceros autorizados un total $39.487.306.943,14 en distintos períodos entre 2023 y 2024, mediante el cobro de cheques por ventanilla, la mayoría no justificados, que en muchos casos se hicieron con un sistema de “hormiga”, en retiros que iban desde los $25.000 hasta millones. La UIF advirtió que el mayor número de extracciones coincidió con las fechas en las que se realizaron las elecciones municipales, provinciales y nacionales de 2023.
En Catamarca, se acusó al intendente Carletta, de Icaño, de estar involucrado en el retiro de $1.113.312.192,65; a Gómez, de Corral Quemado, de maniobrar con unos $771.000.000; y al exintendente Ríos por el retiro de $623.996.158. En total, sumaron $2.508.309.070,65.
La investigación fue a manos de la Fiscalía Federal de Santos Reynoso, quien tomó las primeras medidas de rigor: solicitó el levantamiento del secreto bancario y fiscal de los involucrados, pidió informes a ARCA sobre las actividades económicas registradas por cada uno, informes al Registro de la Propiedad sobre sus patrimonios, e informes a Tesorería General de la Provincia sobre las transferencias señaladas por la UIF y PROCELAC.
Con el mismo criterio para los tres casos, el fiscal explicó que si bien la PROCELAC entendió que podía haber lavado de dinero y activos ilícitos en la maniobra denunciada, en realidad los fondos involucrados son "fondos públicos depositados por Tesorería General de la Provincia en una cuenta corriente de titularidad de la Municipalidad y tienen su origen en la Coparticipación Federal".
"Mal podría este Ministerio Público referirse a la existencia de elementos configurativos del delito de lavado de activos, toda vez que ese ilícito exige bienes procedentes de maniobras o actividades ilícitas, y los fondos aquí involucrados tienen su origen en el sistema de distribución de ingresos tributarios entre el Estado Nacional y los Estados provinciales, circunstancias que descarta el ilícito", remarcó Reynoso.
Además, en relación con posibles irregularidades que podrían derivar en infracciones electorales, el fiscal explicó que el balance de los partidos políticos a los que pertenecen estos intendentes "no cuentan con dictamen de los auditores de la CNE, por lo tanto debe seguir ese trámite".
También remarcó que "los fondos señalados fueron transferidos por Tesorería General de la Provincia, un ámbito que escapa a posibles afectaciones o intereses nacionales que permitan la habilitación y/o intervención del fuero de excepción, dado que pasaron a ser fondos provinciales con específico destino a la Municipalidad en cuestión".
"Según la denuncia, una vez acreditado en las cuentas de la Municipalidad, estos fondos habrían tenido potencial destino ilícito, generando una supuestamente posible conducta disvaliosa, lo que excede a la competencia de este Ministerio Público en virtud de estar ante conductas materializadas por funcionarios públicos provinciales y/o municipales. La Justicia ordinaria deberá dilucidar la existencia de hechos que involucrarían posibles maniobras ilícitas", precisó Reynoso en su dictamen, firmado en julio pasado.
Todo esto fue respaldado por el juez federal Miguel Contreras, que el 22 de septiembre firmó la resolución en la que declaró la incompetencia y ordenó que se remitieran todas las actuaciones a Fiscalía General. "Resta investigar la eventual comisión de delitos que atañen a la administración y disposición de caudales públicos provinciales, sin que se advierta lesión alguna a intereses propios del Estado Nacional. Por eso declaro la incompetencia de este Juzgado Federal para entender en la causa, declinando la misma a la Jurisdicción Provincial y ordenar se remitan las actuaciones a Fiscalía General", precisó.
