La Cámara de Apelaciones de Nueva York aceptó el pedido presentado por el Gobierno argentino.
La Justicia de Estados Unidos resolvió suspender todas las demandas vinculadas al juicio por la expropiación de YPF, como el proceso de discovery y el pedido de desacato, favoreciendo la posición de Argentina tras el pedido formalizado recientemente por la Procuración del Tesoro. La Cámara de Apelaciones de Nueva York dispuso que ningún tribunal avance con medidas relacionadas al caso hasta que se determine la cuestión de fondo en el proceso de apelación promovido por el Estado nacional.
En definitiva, si es correcto o no el fallo de primera instancia por medio del cual la jueza Loretta Preska condenó al estado argentino a pagar unos USD 18.000 millones (contabilizando intereses que corren desde 2023).
El planteo argentino había sido presentado por Sebastián Amerio en sus primeras horas al frente de la Procuración, solicitando una moción urgente para frenar el avance de investigaciones y procedimientos en torno a la ejecución de la sentencia dictada contra Argentina en 2023. La resolución de la Cámara representa un alivio para el país, que enfrenta reclamos multimillonarios de fondos litigantes tras la estatización de la petrolera en 2012.
El pedido argentino consistía en solicitar la suspensión inmediata de todas las actuaciones y ejecuciones vinculadas al fallo de primera instancia, hasta que la Cámara de Apelaciones resuelva sobre la validez del reclamo. Burford Capital es el principal beneficiario de esa decisión.
La Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York, que analiza la apelación planteada por Argentina, aceptó el planteo y dispuso frenar cualquier avance procesal hasta que se expida sobre el fondo del litigio.
Este tribunal es clave en la causa, ya que tiene la potestad de confirmar, modificar o revocar la sentencia que condenó a la Argentina al pago de una cifra millonaria por la expropiación de YPF. Su decisión de conceder la suspensión implica que, por el momento, no se podrán ejecutar reclamos ni avanzar en investigaciones adicionales.
“La resolución alcanza a uno de los procesos más relevantes del litigio, en el que los demandantes venían impulsando requerimientos de información amplios e invasivos, orientados a la identificación de activos para la eventual ejecución de la sentencia. En ese marco, la República Argentina cumplió con las exigencias del tribunal, produciendo un volumen significativo de documentación y compareciendo con testigos”, remarcaron desde la Procuración del Tesoro.
