lunes 19 de mayo de 2025
Fuerte intervención del Juzgado Penal Juvenil

La imputación del alumno de 12 años llegó a medios nacionales

Padres de un niño agredido impulsaron una causa por bullying. El juez Morabito se presentó en la escuela implicada.

A fines de abril los padres de un alumno de aproximadamente 12 años denunciaron penalmente a un compañero de éste, de 12 años, por supuesto bullying y lesiones físicas.

El caso, dado a conocer en exclusiva por El Ancasti, tuvo fuerte repercusión nacional por la naturaleza de los hechos y por las novedosas derivaciones legales que tuvo el caso.

La denuncia fue remitida a la Fiscalía Penal Juvenil a cargo de Guillermo Narváez, quien tras una serie de averiguaciones imputó al agresor por “lesiones leves”.

Los padres del imputado se constituyeron en querellantes y con el patrocinio de los abogados defensores, Bruno Jerez y Sebastián Ibáñez cuestionaron al fiscal y rechazaron la acusación, advirtiendo que el niño es no punible por tener 12 años, que no hubo bullying y que el hecho debió resolverse en el ámbito educativo.

La respuesta de la querella fue en sintonía con la presentación de la defensora de Menores e Incapaces Daniela Faerman Cano, quien argumentó que el chico tiene una doble condición de no punibilidad, por su edad y por la levedad del delito por el que fue denunciado.

El fiscal citó a indagatoria al menor de edad y de inmediato el juez Penal Juvenil Rodrigo Morabito frenó el avance del expediente.

El caso fue replicado por varios medios, entre ellos Infobae, que publicó parte de una entrevista con Morabito, quien concurrió a la escuela para invitar a todos los actores del sistema educativo para resolver el incidente en ese ámbito.

“Un niño de 12 años no puede ser llamado a prestar declaración indagatoria en un proceso penal, pues, ese mecanismo no es el que se ha previsto para que ejercite su derecho a ser oído o escuchado”, resolvió el juez Morabito en su fallo.

Por otra parte, citó un antecedente en el que la Corte Suprema de Justicia de la Nación definió como “incompatible” con el sistema penal juvenil la acción de indagar a un adolescente no punible.

“La declaración indagatoria es un acto procesal propio de imputados, cuyo objetivo es permitir la defensa frente a una acusación penal y dado que las personas menores de 16 años son no punibles, no pueden ser tratados como acusados en un proceso penal, lo que hace que la indagatoria sea inaplicable”, agregó.

Por otra parte, consideró que avalar la indagatoria “contradice los estándares previstos en la Convención sobre los Derechos del Niño”, ya que debe tenerse en cuenta “el carácter coactivo” de la audiencia. “Si el niño no concurriera a la citación podría ser detenido y trasladado por las fuerzas de seguridad”, remarcó.

Advirtió además que es elemental que la Justicia no busque “delitos y delincuentes en casos que no lo son”, porque “esto es un conflicto escolar en donde no son chicos habituales del delito, o que tienen consumo problemático de drogas”.

Paralelamente escribió una carta con lenguaje simple y coloquial, convocando a todos los involucrados en el caso para escuchar sus palabras y reflexionar acerca del acoso escolar.

La reunión se llevó a cabo el jueves por la mañana. Participaron el juez, el fiscal, la asesora de Menores, los abogados de las partes implicadas, alumnos, sus familias, profesores, no docentes y autoridades del colegio.

Morabito le pidió a los padres que “no se preocupen solamente porque su hijo sea víctima”, sino que también “le presten mucha atención a que su hijo pueda llegar a ser el victimario”.

“Que los chicos aprendan a no dañar y a defenderse y también preparen a sus hijos para que también defiendan a otros, que tengan empatía”, les recomendó.

“Quien comete un delito tiene que responder ante la ley, porque así lo ha estipulado el legislador y así debe ser. Pero sin dudas las consecuencias serían devastadoras", señaló.

Manifestó además que "es un típico caso de violencia escolar y no estamos hablando de lesiones graves. Aplicar un proceso penal a estos chicos implicaría no solamente etiquetarlos, sería devastador para su desarrollo, para su psiquis y por supuesto no traería ningún resultado, de ninguna índole”, expresó el magistrado.

Por último, compartió su diagnóstico acerca de cómo la violencia generalizada, indefectiblemente, derrama en los más jóvenes.

“Hay muchos hechos de violencia escolar, pero hay un gran problema con la violencia social, que los chicos vienen adquiriendo. Los menores no están pudiendo resolver sus conflictos de una manera pacífica y lo manifiestan a través de esta violencia adquirida”, finalizó.

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