Nahuel Gallo. El gendarme catamarqueño se encuentra en una cárcel con atroces condiciones de encierro.
La detención del gendarme catamarqueño Nahuel Agustín Gallo en Venezuela, ocurrida en diciembre de 2024, requiere, en las actuales circunstancias, algo más que declaraciones altisonantes y condenas públicas: demanda también una estrategia eficaz orientada a su liberación.
Hasta ahora, el gobierno nacional eligió un camino de confrontación abierta con el régimen venezolano. Calificó la detención como arresto arbitrario, secuestro y desaparición forzada; rechazó de plano las acusaciones de vínculos con supuestas “acciones desestabilizadoras y terroristas”; recurrió a los organismos internacionales, denunció el caso ante la Corte Penal Internacional y solicitó medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, advirtiendo sobre el riesgo cierto para la integridad física de Gallo, que, según testimonios de otros presos políticos, se encuentra en una cárcel con atroces condiciones de encierro.
La gravedad del caso —por la opacidad del proceso, la ausencia de garantías y la falta de información oficial sobre su situación— exige una firme postura argentina en defensa del gendarme. Sin embargo, la política requiere de cierta flexibilidad en las posiciones, según las circunstancias vayan cambiando. En los últimos días se produjo un giro de magnitud en el escenario venezolano a partir de la intervención de Estados Unidos y la captura de Nicolás Maduro. Al margen de cualquier valoración sobre esa acción militar, lo cierto es que el tablero regional cambió y se abrió una oportunidad que la Argentina no puede ignorar.
Ayer, las autoridades venezolanas anunciaron el inicio inmediato de un proceso de liberación de presos políticos, tanto venezolanos como extranjeros, en una señal concreta de reacomodamiento interno y de búsqueda de legitimidad internacional. En ese contexto, el caso de Nahuel Gallo aparece, por primera vez en meses, dentro de un escenario que habilita expectativas reales.
Frente a esta nueva etapa, persistir en un discurso rígido e inflexible puede conducir a desperdiciar una posibilidad histórica. La firmeza discursiva, que puede ser funcional cuando no hay margen de diálogo, se vuelve contraproducente cuando el contexto empieza a ofrecer canales de negociación. Es hora, entonces, de la diplomacia.
Por eso son razonables las declaraciones de María Gómez, esposa de Gallo: “Cuando estás tratando de que un argentino sea liberado de suelo venezolano, no podés darle palos al que lo tiene preso”. Su pedido de que el gobierno “sea un poquito más flexible” se basa en una lógica elemental de la negociación internacional. Una cosa es sostener posiciones duras en los foros multilaterales y otra muy distinta es convertir el enfrentamiento verbal en un fin en sí mismo. Si el objetivo es que Gallo vuelva a la Argentina, sano y salvo, la estrategia debe ajustarse a la realidad política del momento, no a consignas pensadas para otro escenario.
Hoy existe una ventana para encarar gestiones bilaterales directas o indirectas, para explorar interlocuciones, para construir un canal que permita destrabar un caso que lleva demasiado tiempo empantanado. Esa oportunidad surge precisamente del cambio de situación en Venezuela. Ignorarla, por apego a una retórica que ya cumplió su ciclo, sería una irresponsabilidad política.
En el caso de Nahuel Gallo, la obligación del Estado argentino es adaptar su estrategia, aprovechar el nuevo contexto y hacer todo lo que esté a su alcance para lograr su liberación. Lo demás —los discursos, las consignas, las batallas simbólicas— resulta secundario frente a la urgencia de traerlo de regreso.
