Una historia que lamentablemente se repite con creciente frecuencia es el avance de incendios forestales en distintos puntos del país. Miles de hectáreas devastadas por un fuego cuyo origen no radica únicamente en la irresponsabilidad de quienes los provocan intencionalmente, sino también en la inacción de un Estado que, año tras año, demuestra con hechos concretos que no considera esta tragedia como una prioridad.
El lunes 5 de enero se desató un incendio forestal en El Hoyo, Chubut, que arrasó viviendas y obligó a evacuar preventivamente a más de 30.000 turistas. Según el gobernador Ignacio Torres, fueron afectadas más de 1.800 hectáreas en apenas dos días. Actualmente, la Agencia Federal de Emergencias reporta cinco focos activos en la Patagonia: Puerto Patriada en El Hoyo, Puerto Café en el Parque Nacional Los Alerces y el Túnel Inferior en el Parque Nacional Los Glaciares, entre otros. A esta situación crítica se suma el balance de la temporada 2024-2025: según Greenpeace, se quemaron 31.722 hectáreas en los Bosques Andino Patagónicos, cuatro veces más que la temporada anterior.
La situación es grave, pero el gobierno nacional no parece considerarla prioritaria. En su objetivo declarado de alcanzar el déficit cero, ha tomado decisiones que agravan el problema en lugar de mitigarlo. El presupuesto del Servicio Nacional de Manejo del Fuego fue recortado un 53,6% para 2026 respecto a 2025, lo que representa una caída real del 69% en comparación con 2023. En julio de 2025, mediante el Decreto 463/2025, se disolvió el Fondo Nacional del Manejo del Fuego. Más grave aún: durante 2025, la ejecución presupuestaria del Servicio Nacional alcanzó apenas el 30,7%.
Por otra parte, el Servicio Nacional de Manejo del Fuego advierte que el 95% de los incendios en Argentina son producto de la acción humana. Es decir, son intencionales, por negligencia o accidente. El dato es contundente y el gobierno nacional lo reconoce. Sin embargo, la respuesta oficial se limita a plantear penas más severas.
Así lo expresó el ministro del Interior, Diego Santilli, quien acompañó al gobernador Torres en el monitoreo del incendio en Chubut. "Contra esos energúmenos y criminales hay que ir a fondo. Tienen que ir presos. Son unos delincuentes, son unos asesinos. Por eso, es necesario un nuevo Código Penal", afirmó.
El planteo no es errado en sí mismo. Los incendios intencionales son delitos graves que merecen sanciones proporcionales. El problema es que el endurecimiento de las penas aparece como la única respuesta, como si bastara con amenazar con cárcel para resolver una situación compleja que requiere prevención, educación, control territorial y, sobre todo, recursos.
Las declaraciones del funcionario evidencian una contradicción difícil de explicar: por un lado, se proponen penas más duras para los responsables; por otro, se desfinancia sistemáticamente el organismo encargado de prevenir y combatir estos incendios. Como si ambas medidas no fueran complementarias.
La prevención y la sanción no son excluyentes, son necesarias ambas. No alcanza con aumentar las penas si simultáneamente se reduce la capacidad del Estado para prevenir, detectar y combatir estos delitos. Porque una vez que avanza, al fuego no le interesa qué castigo plantea el Código Penal a sus causantes.
