Crimen en Balde de la Punta, lejos de todo y cerca de la desidia
La Fiscalía solicitó que César Romero continúe detenido
El miércoles se realizará la audiencia de control de detención en el Juzgado de Control de Garantías de Segunda Nominación.
El fiscal de Instrucción de Novena Nominación del Distrito Sur, Jonathan Felsztyna, solicitó que César Romero continúe privado de su libertad. De acuerdo con información a la que pudo acceder El Ancasti, el miércoles se realizaría la audiencia de control de detención en el Juzgado de Control de Garantías de Segunda Nominación, a cargo de la jueza Cecilia Mas Saadi. Romero es el único imputado por el crimen de Lorena Salas, la joven madre de 28 años asesinada de un disparo con un rifle en Balde de la Punta, Capayán, el jueves de la semana pasada.
Durante la indagatoria del sábado, Romero fue imputado por el presunto delito de homicidio calificado. Asistido por el abogado del foro local Víctor García, optó por el silencio. Es su derecho. No obstante el silencio, en este caso, no detiene la investigación. La Fiscalía continúa recabando pruebas y hay pericias clave que aún no fueron producidas: la balística —determinante para reconstruir las circunstancias exactas del disparo— y la psiquiátrica sobre el imputado. Ambas podrían ser determinantes para el avance del expediente y, eventualmente, para la calificación legal definitiva del hecho.
El fiscal Felsztyna imputó a Romero por “homicidio calificado por mediar una relación de pareja”. Esta imputación está contemplada en el artículo 80 del Código Penal Argentino. En este caso, el agravante surge de la relación que unía al imputado con la víctima: eran pareja. La ley entiende que esa relación de confianza e intimidad constituye por sí misma un elemento que agrava la conducta.
Por el momento, sobre Romero pesa esta imputación. Sin embargo, ello no significa que la investigación descarte otros agravantes. Es decir, hasta ahora la investigación no contaría con los elementos suficientes para sostener esa figura con solidez probatoria. La calificación puede modificarse a medida que avance la investigación y se incorporen nuevas evidencias. La imputación inicial no es una sentencia: es el punto de partida formal de la investigación, construido sobre la prueba disponible en ese momento.
Vulnerabilidades
El crimen de Lorena Salas no puede leerse en una sola clave. Su muerte concentra una suma de vulnerabilidades que, analizadas en conjunto, configuran un cuadro de desamparo institucional difícil de ignorar.
Lorena tenía 28 años. Era madre de tres niños pequeños. Vivía en Balde de la Punta, una localidad del departamento Capayán que, según el censo del INDEC de 2010, contaba con apenas 116 habitantes, prácticamente los mismos que registraba el censo anterior, de 2001: 118. Se trata de una comunidad que no crece, que no mengua, que existe en los márgenes de cualquier planificación estatal. Enclavada en el extremo sur del departamento, a 130 kilómetros de la Capital provincial y a escasos kilómetros del límite con La Rioja.
El departamento Capayán tiene presencia policial en Nueva Coneta, Huillapima y Miraflores —todas localidades sobre la Ruta Nacional Nº 38— y una subcomisaría en San Martín. Ninguna de esas dependencias tiene llegada directa a Balde de la Punta. Las más próximas geográficamente pertenecerían al departamento vecino, La Paz: la Comisaría de Recreo, la de Icaño, la de San Antonio y la Subcomisaría de Quiroz. Balde de la Punta no tiene comisaría propia. No tiene presencia policial permanente. Cuando Lorena murió, sus hijos tuvieron que golpear la puerta de un vecino para pedir ayuda, de acuerdo con los primeros testimonios. La ambulancia tardó alrededor de 30 minutos. Llegó tarde.
Mujer, joven y madre, en un pueblo de 116 habitantes, sin comisaría, sin instituciones de proximidad, a 130 kilómetros de la Capital. Cada una de esas condiciones, por separado, ya representa una desventaja. Juntas, configuran lo que desde las ciencias sociales se denomina intersectorialidad: la acumulación de vulnerabilidades que se potencian entre sí y que, en casos como este, pueden ser determinantes.
Perspectiva de género
Que no haya —por ahora— imputación por posible femicidio no implica que el caso se investigue de manera ordinaria. Desde el primer momento, la Fiscalía encuadró la investigación dentro del Protocolo para la investigación y litigio de casos de muertes violentas de mujeres, elaborado en 2018 por la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM) del Ministerio Público Fiscal de la Nación.
Este protocolo establece la obligación de aplicar debida diligencia reforzada: un estándar más exigente que el habitual, que exige a fiscales y fuerzas de seguridad actuar con perspectiva de género desde el inicio, sin esperar a que el contexto de violencia esté acreditado para recién entonces activar los mecanismos de protección y resguardo de la prueba. El protocolo parte de una premisa: toda muerte violenta de una mujer debe ser tratada como un posible crimen de género hasta que la investigación demuestre lo contrario. No al revés.
Eso implica, entre otras cuestiones, preservar la escena con criterios específicos, realizar la autopsia bajo esos estándares, tomar testimonios con perspectiva de género y evitar cualquier conducta que revictimice a la víctima o a su entorno. En el caso de Lorena, esas medidas se activaron desde el inicio.
El miércoles, en el Juzgado de Control de Garantías de Segunda Nominación, la jueza Cecilia Mas Saadi resolverá sobre la continuidad de la detención de Romero. Mientras tanto, las pericias avanzan. Mientras tanto, Balde de la Punta sigue siendo lo que siempre fue: un lugar lejos de todo, donde el Estado llega tarde, si es que llega.
