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SUSCRIBITEEl juicio por la causa de las compras directas confirmó las irregularidades que existieron hace 20 años en la distribución de la ayuda social. La intermediación de punteros políticos es una vieja práctica que todavía está instalada en Catamarca y es el área que mayor resistencia tiene a la incorporación de tecnologías para transparentar los fondos que se destinan para la asistencia social.
Desde que se reinició el debate oral, los testigos dejaron en evidencia el daño que generó la demora del Poder Judicial. Varios de los convocados confesaron que no sabían para qué habían sido citados o entraron en contradicción con la declaración que habían realizado hace una década atrás. Lo que es lógico y esperable, más aún si se contempla que algunos ya no pertenecen al ámbito de la administración pública, porque se jubilaron, cambiaron de trabajo, o están enfermos y, por lo tanto, perdieron el vínculo con los hechos que hoy los ubica como testigos en un juicio.
Más allá de esta situación, en la primera semana de testimonios quedó en claro la anarquía que existió en la distribución de la ayuda social. Era el 2003, aquel año recordado en la historia local por la suspensión de la elección provincial que estaba prevista para el 2 de marzo cuando se produjo la quema de urnas y que sacó a Luis Barrionuevo como candidato a gobernador. El exgobernador Oscar Castillo postergó los comicios para el 24 de agosto y el Frente Cívico llevaba a Eduardo Brizuela del Moral como candidato a gobernador. Para el oficialismo de aquel momento, era a todo o nada y en ese campo se jugó la asistencia social.
Según datos del INDEC, en mayo de 2003, el 53,2% de los hogares de Catamarca estaba bajo la línea de pobreza, tras las graves consecuencias de la crisis de 2001. La ayuda social era necesaria. Por eso, veinte años después, impacta confirmar que el sistema estaba corrupto y viciado. Uno de los casos que sorprendió fue el testimonio de un hombre de apellido Albarracín, exempleado de un lavadero de autos que era propiedad de un empresario de apellido Acuña. Según relató, Acuña era proveedor del Estado y en una oportunidad le pidió fotocopia de su DNI, aunque aseguró que no recordaba el motivo y remarcó que nunca solicitó ni recibió subsidios. Sin embargo, Albarracín ratificó una declaración suya del año 2004 en la que relató que, a pedido del empresario, habían descargado un camión con materiales de construcción, chapas, tanques y bombas de agua en un domicilio particular del barrio Achachay.
En el primer semestre de este año Catamarca registró un 40,3% de las personas bajo la línea de pobreza, es un índice menor al de 2003, pero todavía es un problema. La ayuda social es necesaria como política pública, pero hay resistencia a la bancarización y al cruce de datos que permita un mejor control de recursos públicos. Distintos proyectos quedaron a mitad de camino porque la entrega de subsidios, bolsones, medicamentos, etc., forma parte de la estrategia a la que recurre la política para seducir a sus votantes.
En la actualidad están abiertas distintas bocas que tienen presupuesto para asistencia social, pero la falta de orden en el sistema termina generando situaciones de injusticia en las que aquel que no tiene el contacto con el puntero político no accede y el “más vivo” que conoce el circuito de la burocracia estatal se aprovecha de él.
Hasta ahora no está claro si el juicio podrá llegar a una condena efectiva para los exfuncionarios. Ojalá que al menos sirva de espejo para mirar la podredumbre del sistema y tomar la decisión de cambiarlo.
