La Cámara de Diputados de la Nación dio media sanción esta semana al proyecto de Inocencia Fiscal II, la iniciativa impulsada por el Poder Ejecutivo que habilita el ingreso de dólares no declarados sin necesidad de justificar su origen. Se trata de una de las tantas iniciativas impulsadas desde el gobierno para premiar a quienes ocultaron su patrimonio al fisco.
Desde 1983 hasta la actualidad, el país acumula 59 amnistías tributarias, una cifra que lo ubica como líder indiscutido del ranking regional, muy por delante de Panamá —que además figura como guarida fiscal reconocida internacionalmente— y que ocupa el segundo lugar con menos de la mitad de blanqueos.
Es interesante analizar la contradicción que exhibe el propio Gobierno al momento de decidir cuándo el Estado interviene y cuándo se abstiene de intervenir. Cuando se trata de familias de clase media y baja endeudadas la respuesta oficial ha sido la del no intervenir, argumentando que el endeudamiento es “un problema entre privados”. Pero cuando quienes acumularon dólares sin declarar necesitan una salida, el mismo Estado que se negó a auxiliar a los primeros interviene con una ley que les allana el camino sin exigirles explicación alguna. La doble vara del modelo libertario.
Un informe reciente de la consultora Fundar sostiene que este tipo de instrumento constituye un incentivo al incumplimiento. Es que cuando las amnistías se repiten con la frecuencia que muestra el historial argentino, el contribuyente aprende que no pagar impuestos es una apuesta conveniente. Según Fundar, la pérdida combinada de recaudación producto de este historial de blanqueos equivale a 8 puntos del Producto Bruto Interno. A eso se suma que estos mecanismos operan como una transferencia de recursos hacia los sectores económicos más concentrados, aquellos que cuentan con la ingeniería financiera necesaria para mover capitales a través de paraísos fiscales y sofisticados esquemas de evasión y elusión.
No debería sorprender que un proyecto de estas características provenga de la actual gestión libertaria. El propio Javier Milei ha calificado en más de una ocasión a los evasores como “héroes”. Vale recordar, además, que el primer blanqueo impulsado durante su gestión no se limitó a perdonar deudas impositivas, sino que también abrió una puerta preocupante para eximir de responsabilidad penal a estructuras vinculadas con organizaciones delictivas complejas.
Argentina no solo encabeza el ranking mundial en cantidad de amnistías fiscales, sino que también se cuenta entre los países con mayor número de personas físicas y jurídicas beneficiarias de sociedades offshore radicadas en guaridas fiscales. Ambos fenómenos se retroalimentan y configuran una práctica estructural de fuga y ocultamiento que ninguna ley de blanqueo, por más veces que se repita, ha logrado ni pretendido revertir.
El Gobierno nacional sostiene, como principio doctrinario, que el Estado no debe intervenir para asistir a las familias endeudadas. Sin embargo, interviene y lo hace con notable eficacia legislativa, cuando de lo que se trata es de beneficiar a quienes, con alto poder adquisitivo, optaron por no declarar sus fortunas, profundizando la inequidad en la Argentina actual.
