Tan grave como la deforestación ilegal es que el Estado termine convirtiéndose, mediante decisiones administrativas, en el mecanismo que la vuelve aparentemente legal. Eso es lo que surge del estudio publicado en Nature sobre la evolución del bosque nativo en el Chaco entre 2009 y 2024. La investigación, basada en el análisis de 15.042 permisos de uso forestal, más de 127.000 guías de transporte de madera y decisiones oficiales, concluye que durante ese período se utilizaron mecanismos administrativos que permitieron habilitar desmontes, reducir áreas protegidas y facilitar la incorporación al circuito legal de madera obtenida ilegalmente.
En esos quince años, El Impenetrable chaqueño perdió unas 490.000 hectáreas de bosque. La investigación identifica un patrón particularmente preocupante. Zonas que debían permanecer bajo protección fueron recategorizadas; permisos silvopastoriles terminaron produciendo superficies prácticamente indistinguibles de un desmonte total; y autorizaciones permitieron extraer cantidades de madera superiores a la capacidad de regeneración del bosque.
El mecanismo más inquietante es el denominado “blanqueo”. Si una autorización permite extraer más madera de la que razonablemente puede producir el bosque, el excedente necesita necesariamente otro origen. Según los investigadores, esa diferencia habría permitido incorporar al circuito legal madera procedente de áreas donde el desmonte estaba prohibido.
Catamarca posee ecosistemas áridos y semiáridos particularmente frágiles, donde la pérdida de cobertura vegetal tiene consecuencias sobre la biodiversidad Catamarca posee ecosistemas áridos y semiáridos particularmente frágiles, donde la pérdida de cobertura vegetal tiene consecuencias sobre la biodiversidad
La dimensión del fenómeno resulta todavía más elocuente. Hasta 2019 se habían otorgado autorizaciones especiales sobre unas 6800 hectáreas. Entre 2020 y 2024, la superficie alcanzó las 62.700 hectáreas. Y, según el estudio, en 2024 el 55% de la madera extraída en Chaco provino de desmontes ilegales mediante este tipo de autorizaciones.
La cuestión no es menor para la Argentina. El bosque nativo es un patrimonio natural que cumple funciones esenciales: conserva biodiversidad, regula el agua, almacena carbono y sostiene comunidades y economías locales.
Catamarca tampoco puede considerarse ajena a esta amenaza. Aunque buena parte de su territorio presenta condiciones ambientales diferentes de las del Chaco húmedo, el monte natural constituye igualmente un patrimonio que debe ser preservado frente al avance de actividades productivas, desmontes y cambios de uso del suelo. La provincia posee ecosistemas áridos y semiáridos particularmente frágiles, donde la pérdida de cobertura vegetal tiene consecuencias sobre la biodiversidad, la conservación de los suelos, la disponibilidad de agua y el equilibrio ambiental. Por eso, la discusión sobre el uso del monte no puede reducirse a una cuestión administrativa ni quedar subordinada a la conveniencia económica del momento:
Hay, además, un interés económico que empieza a resultar imposible ignorar. Las nuevas exigencias internacionales de trazabilidad y libre deforestación pueden convertir la destrucción del bosque en un problema comercial para la producción argentina. La manipulación de la legalidad ambiental no solo perjudica al ecosistema: también puede terminar perjudicando a quienes producen de manera legítima.
