La situación de la empresa El Nene vuelve a poner en discusión el funcionamiento del transporte público de pasajeros en Catamarca. Esta vez, el conflicto aparece a partir de la decisión de dar de baja unidades que superaron la antigüedad permitida y de la presentación realizada por la empresa para intentar revertir esa medida.
El planteo de El Nene es que no cuenta con los recursos necesarios para renovar los colectivos porque existen fondos provinciales y nacionales que, según sostiene, se encuentran pendientes de pago. A esto se suma un escenario que las empresas de transporte vienen señalando desde hace tiempo: el aumento de los costos, una tarifa que consideran insuficiente, la disminución de pasajeros y la competencia que representan las aplicaciones.
Del otro lado está la obligación del Estado de controlar el cumplimiento de las normas. Si una unidad supera la antigüedad establecida o no reúne las condiciones exigidas para prestar el servicio, la autoridad de aplicación tiene que intervenir. No hacerlo también tendría un costo, especialmente cuando se trata de un servicio que utilizan miles de personas todos los días.
En el medio aparecen los trabajadores. La UTA pidió responsabilidad, unidad y diálogo frente a la situación de la empresa y puso el foco en la necesidad de preservar las fuentes laborales. Es una preocupación atendible, pero que tampoco puede quedar desligada de la calidad y seguridad del servicio que reciben los usuarios.
El problema es que las distintas partes de esta discusión están relacionadas. Una empresa que no puede renovar su flota tendrá dificultades para cumplir con las exigencias del Estado. Un Estado que no paga en tiempo y forma los fondos que corresponden puede agravar las dificultades financieras de las empresas. Y un sistema que no encuentra una fórmula que permita sostener los costos termina trasladando las consecuencias a los trabajadores y a los usuarios.
Por eso, el caso de El Nene no debería ser analizado solamente como un conflicto puntual entre una empresa y el Gobierno. También debería servir para volver a discutir cómo se sostiene el transporte público en Catamarca y cuál es el esquema que se pretende para los próximos años.
Hace poco, la discusión había pasado por el pago de los salarios y la posibilidad de que el servicio se viera afectado. Ahora aparece la baja de unidades. Son problemas diferentes, pero forman parte de una misma situación que vuelve a dejar al transporte público en el centro de la escena.
Resolver la coyuntura será necesario. Pero si cada conflicto se atiende solamente cuando aparece, el problema volverá a repetirse. El transporte necesita reglas claras, previsibilidad y un esquema que permita saber qué aporta cada uno y qué se espera de cada parte. Sobre todo, porque detrás de las empresas, los subsidios y las discusiones tarifarias hay trabajadores que necesitan conservar sus empleos y usuarios que necesitan que el colectivo llegue, todos los días, a la parada.
