Iniciativa. El Bloque Generar presentó un proyecto que, de aplicarse, comprometería la sustentabilidad fiscal.
Parece que en Catamarca hacía falta que un bloque opositor viniera a explicarle al Poder Ejecutivo provincial cómo se salva a una MiPyME. Quién lo hubiera dicho. Después de meses de comercios bajando sus persianas en la Peatonal Rivadavia, de un empleo privado que no repunta y de una morosidad familiar que crece mes a mes, resulta que la solución iba a aparecer por el lado de un audaz proyecto de ley que cuatro diputados de Generar —Tiago Puente, Mamerto Acuña, Natalia Herrera y Laura Quintero— se tomaron el trabajo de redactar. Uno se pregunta, con genuina perplejidad, por qué no se le ocurrió al Gobierno y qué estuvo haciendo el oficialismo mientras tanto.
La iniciativa propone un Régimen Excepcional y Transitorio de Regularización Fiscal ante ARCAT para empresas con Certificado MiPyME vigente, con condonación total de multas y sanciones no firmes, quita de intereses y un año de tregua frente a las ejecuciones fiscales.
El plato fuerte del proyecto es la reducción de Ingresos Brutos por doce meses: 50% para microempresas, 40% para pequeñas, 25% y 15% según el tramo de las medianas. A eso se suma financiamiento productivo a través de CAPRESCA, un Programa Provincial de Tarifa Productiva MiPyME para aliviar los componentes tarifarios de electricidad, agua y gas, y un plazo máximo de treinta días para que el propio Estado le pague a sus proveedores locales, con devengamiento automático de intereses si no cumple.
El fisco no es una fuente inagotable y cada punto de Ingresos Brutos que se resigna hoy son recursos menos para salud, educación o infraestructura. El fisco no es una fuente inagotable y cada punto de Ingresos Brutos que se resigna hoy son recursos menos para salud, educación o infraestructura.
Aquí es donde conviene poner las cosas en su justa dimensión, porque la audacia tiene un precio y ese precio lo paga alguien. Resignar hasta la mitad de la recaudación de Ingresos Brutos —el tributo de mayor peso relativo en la estructura fiscal provincial— durante un año entero, condonar multas, financiar líneas de crédito y subsidiar tarifas es un gesto de generosidad que tiene su costo. Semejante sucesión de beneficios es una decisión que compromete el equilibrio de una caja provincial que, como todas en el interior argentino, padece las estrecheces que provoca la crisis económica y el hecho de asumir responsabilidades que el Estado nacional ha resignado para alcanzar el superávit fiscal. Es que, también hay que decirlo, Nación puede exhibir fortaleza fiscal porque gobiernos provinciales y municipales han asumido competencias que siempre fueron del gobierno federal.
Ningún régimen de alivio se sostiene si afecta la solvencia del Estado que debe garantizarlo. El fisco no es una fuente inagotable y cada punto de Ingresos Brutos que se resigna hoy son recursos menos para salud, educación o infraestructura. La ironía, entonces, no debería tapar la pregunta de fondo: ¿con qué se financia el rescate del rescatador?
El proyecto de Generar, con toda su lógica de escritorio, se topa con la realidad de una provincia que ya viene administrando estrecheces. Invitar a los municipios a sumarse con sus propias rebajas de la Tasa de Seguridad e Higiene multiplica el gesto —y también multiplica el agujero fiscal, porque son justamente los municipios los que menos margen propio tienen y los que más dependen de la coparticipación provincial. Pedirles que resignen ingresos mientras dependen del auxilio de la Provincia es, como mínimo, un ejercicio de optimismo.
Nada de esto invalida el diagnóstico: el consumo cayó, la actividad se paralizó y las MiPyMEs catamarqueñas están, en efecto, al borde. Pero el diagnóstico correcto no garantiza la receta sostenible y receta sin sostenibilidad fiscal es, tarde o temprano, otro compromiso incumplido para sumar a la lista.
