La banda del "Niño J" apunta a revertir las condenas por narcotráfico
La Cámara Federal de Casación Penal, de Buenos Aires, admitió los recursos de casación que presentaron las defensas. El Tribunal escuchará los planteos.
Condenados. Tienen la expectativa de conseguir un veredicto favorable en Comodoro Py.
La Cámara Federal de Casación Penal Comodoro Py, de Buenos Aires, declaró admisibles todos los recursos de casación presentados por las defensas de los condenados por narcotráfico que integraban la banda de Jacobo Eliseo “Niño J” Jiménez (31). La novedad se conoció ayer por la tarde.
Con esta resolución, el Tribunal Federal de Casación Penal Comodoro Py tomará conocimiento de los planteos de los abogados defensores de los sentenciados y, luego, definirá si les hace lugar o no. Las defensas pretenden revertir las penas que recayeron sobre sus asistidos.
El juicio contra la banda del “Niño J” culminó el 17 de octubre del año pasado. Ese día, por decisión unánime, el Tribunal Oral Federal (TOF) de Catamarca, presidido por el juez Enrique Lilljedahl, condenó a un guardiacárcel y a otras siete personas, al tiempo que absolvió a dos vigilantes.
Fueron declarados reincidentes y condenados a siete años de prisión: El “Niño J”; su padre, Mario Roque Jiménez, alias "Coqui" (61); el chofer Raúl Apud (48); Kevin Emanuel Barros (27) y Cristian Miqueas Barros (31). A su vez, el guardiacárcel Lucas Brandán (33) también fue sentenciado a siete años de cárcel. Otros imputados recibieron penas menores: el taxista Ariel Magno Brandán (49) fue condenado a tres años y seis meses de prisión, y Dayana Giselle Sarmiento (31) recibió tres años de condena, al aplicarse el criterio de "perspectiva de género". Paralelamente, los jueces absolvieron a los guardiacárceles José Alberto Molina (43) y Jorge Raúl Valdez (49) por el beneficio de la duda.
Como estaba previsto, el juicio se extendió aproximadamente un mes. El jueves se llevó a cabo la audiencia en la que las partes intervinientes expusieron sus alegatos.
La mayoría de los defensores rechazaron las acusaciones, mientras que la Fiscalía pidió condenas de entre 3 y 9 años de prisión. En esa audiencia, el fiscal Vehils Ruiz desistió de mantener la acusación contra los vigilantes Molina y Valdez por falta de pruebas y solicitó que Lucas Brandán fuera sentenciado a la pena de 7 años.
Investigación
La investigación que derivó en el juicio, comenzó a mediados de 2021 cuando se detectó el ingreso de drogas en el penal de Miraflores, con connivencia de los guardiacárceles. Presuntamente, las comunicaciones con el exterior para organizar las compras y las entregas, eran efectuadas a través de llamadas telefónicas.
La droga era trasladada desde Tucumán a Catamarca aparentemente con la participación del padre del "Niño J", y la colaboración de uno de los barros Barros y Sarmiento, mientras que el traslado quedaba en manos del remisero Brandán. A los narcotraficantes se los identificó como “La banda de los camellos J”, ya que supuestamente sus integrantes eran liderados por el “Niño J” y su padre.
Los investigadores de Inteligencia de la Dirección Drogas Peligrosas de la Policía de Catamarca y de la Unidad de Investigaciones Judiciales y Delitos Complejos de Gendarmería Nacional Núcleo Catamarca, reunieron información y se realizaron los procedimientos.
El dato inicial fue con información reservada que daba cuenta que un hombre y una mujer ingerían cápsulas con estupefacientes y las trasladaban desde Tucumán.
En Catamarca las expulsaban y un interno del SPP, con beneficio de salida, ingería las mismas cápsulas y las introducía en el penal para concretar la comercialización.
En agosto de 2022, la pareja de uno de los condenados fue interceptada en un operativo realizado en el puesto caminero de El Portezuelo, departamento Valle Viejo, donde se logró secuestrar un profiláctico que contenía en su interior 11 envoltorios de nylon con 91 gramos de marihuana, dos teléfonos, pastillas, dos balanzas y la suma de 78 mil pesos, entre otros elementos.
En un primer momento hubo 11 personas implicadas. La causa fue instruida por el fiscal Federal Santos Reynoso.