lunes 28 de noviembre de 2022

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Editorial

Humedales: el equilibrio deseable y posible

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La ley de Humedales se encuentra trabada en la Cámara de Diputados de la Nación. Algunos lo atribuyen a la insuficiencia del debate. Otros, a la presión ejercida por algunos sectores productivos y los gobernadores. Lo cierto es que la polémica por la iniciativa se enmarca en la histórica controversia que existe entre el desarrollo de algunos sectores productivos y la preservación del medioambiente, como si fuesen cuestiones necesariamente contradictorias.

Lo paradójico es que de un sector y del otro argumentan que no debería haber tal contradicción. Es decir, que se puede producir y proteger el medioambiente al mismo tiempo con las regulaciones necesarias. Pero el desacuerdo sobreviene a partir de la interpretación de cómo deben ser esas regulaciones.

Los humedales, que ocupan alrededor del 21,5% del territorio nacional, son espacio esenciales para la biodiversidad y la principal fuente de agua dulce. En el mundo están desapareciendo tres veces más rápido que los bosques y en el último medio siglo se ha perdido el 35% de ellos.

En el Congreso hay dos proyectos. El que más chances tiene de ser tratado y aprobado es el presentado por el diputado del Frente de Todos Leonardo Grosso, avalado por más de 200 organizaciones ambientalistas. Cuando se encaminaba a tener despacho de comisión para bajar al recinto, los gobernadores del Norte Grande y representantes de sectores económicos –minería, agricultura, ganadería, industria maderera y hasta de proyectos inmobiliarios- alertaron sobre presuntas interferencias para emprendimientos ya en marcha u otros futuros, y el ímpetu se frenó.

Los productores de las zonas de la Pampa Húmeda o Mesopotamia donde hay humedales argumentan que en ellos se realizan actividades económicas y que si prospera la ley así como ha sido concebida, muchos proyectos se verán impedidos de continuar. Lo mismo sucede en las provincias mineras, donde también hay humedales que deben ser protegidos.

Al respecto, los gobernadores del Norte Grande emitieron un documento en el que señalan, entre otras cosas, que “ninguna ley debe establecer definiciones y disposiciones que signifiquen la prohibición a las actividades productivas realizadas en forma sustentable que hoy generan trabajo, ingresos y oportunidades de desarrollo local a nuestras provincias”.

Grosso, junto con las organizaciones ambientalistas, explican que es falso que la norma atente contra la producción o que la disminuya. “Es un proyecto que protege la producción, no la prohíbe, lo único que atenta contra la producción son los incendios y que nos salen bastante caros porque, además de destruir la biodiversidad de esas zonas, todos los recursos económicos para apagar el fuego, para subsidiar a los productores que perdieron todo sale de los impuestos de todos los argentinos”, reflexionó el legislador.

En medio de esta polémica, lo positivo es que, por fin, luego de muchos años de proyectos cajoneados, hoy se ha abierto la discusión respecto de la necesidad de preservar los humedales. Este debate deberá avanzar hacia un equilibrio deseado y posible, que no es otro que la promoción del desarrollo productivo sin que éste afecte al medioambiente.

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