Judicial. Rosales Andreotti pidió más fiscalías y juzgados de familia.
La presidenta de la Corte de Justicia de Catamarca, Fernanda Rosales Andreotti, pidió a los integrantes de los poderes Ejecutivo y Legislativo, que incrementen los recursos para la administración de justicia y, sobre todo que a la hora de diseñar políticas públicas, escuchen más a los jueces, fiscales y abogados del foro local.
En diálogo con "Mañana es Hoy" (Radio Ancasti), en referencia al posible tratamiento de algún proyecto de reforma judicial en la Legislatura, aseguró que "hay que escuchar más a los operadores de la Justicia que están trabajando con un gran volumen de causas para generar políticas públicas".
Informó que la Corte no tiene en vista la realización "de ningún proyecto para enviar en particular” y consideró que si bien la sociedad pide mayor eficiencia y compromiso al Poder Judicial, "la cuestión que hace a las mentadas reformas judiciales deberían ser tratadas con mayor seriedad porque es necesario hacer buenos diagnósticos y en base a esos diagnósticos elaborar políticas públicas que sean efectivas. Una reforma judicial no puede implicar únicamente la reforma de una ley o de un código procesal".
Admitió que la reforma "es importante y necesaria" y como ejemplo de resultado de un mal diagnóstico, apuntó: "Lo muestra claramente la ley de violencia de género con la falta de implementación de los juzgados de violencia de género, que si no tenemos un buen diagnóstico sobre qué más hace falta, además de la ley para que llegue a la sociedad y sea efectiva, no vamos a modificar nada y solamente vamos a generar nuevas frustraciones como lo fue esta ley. Es una ley de vanguardia, con muchísimas herramientas que no se pueden utilizar porque faltan los recursos".
Consideró además que "cuando hablamos de la reforma judicial tentemos que hablar de muchas otras cuestiones" y remarcó que "sería muy interesante que sea de cara a la sociedad".
Con respecto a las importantes carencias tecnológicas, sobre todo en las salas donde se llevan a cabo los juicios orales, explicó que "la oralidad en los procesos penales es una herramienta que trae mayor agilidad, resoluciones más rápidas, claras y transparentes, porque se realizan en audiencias públicas y en forma oral donde el juez escucha a las partes y resuelve".
"Para implementar esa política pública hace falta una decisión política que la Corte ha tomado como propia, que luego, seguramente, necesitará de ajustes legislativos más allá de los ajustes que pueda hacer la corte con su normativa interna, en cuanto a códigos procesales y demás", agregó y reclamó: "Pero es necesario que los jueces, defensores y abogados tengan acceso a salas de audiencia donde puedan ejercer su trabajo de manera digna, que estén equipadas y que los operadores hayan sido capacitados".
Aseguró además que "una política pública que pueda generar un cambio y dé respuestas concretas a la sociedad, necesita de la participación de los distintos estamentos y los recursos necesarios para llevarla adelante".
Reiteró que "es lo que pasa con la ley de violencia de género, que no puede hacerse completamente efectiva porque no tenemos los equipos técnicos, juzgados ni fiscalías".
Defendió la labor realizada por los integrantes del Ministerio Público Fiscal al remarcar que "los fiscales, sobre todo los del interior, trabajan todos los días sin pausa" y enfatizó: "Tenemos la misma cantidad de fiscales desde el año 2010 o 2011".
Manifestó que "en todo este tiempo, la Corte de Justicia ha aumentado sus miembros, los juzgados correccionales, los juzgados de garantías, pero seguimos con la misma cantidad de fiscales. Y son estas las cosas que debemos mirar, porque si no estamos haciendo una mirada parcializada, (donde parece) que nuestros fiscales no trabajan y en realidad trabajan y mucho".
Además de las dificultades de las fiscalías, puso en relieve los graves inconvenientes que se registran en juzgados por la abrumadora cantidad de causas judiciales que se inician mensualmente.
"Hay que ver lo que sucede con los tres Juzgados de Familia. Por ejemplo, la doctora Érica Wanda Saccher, jueza de Familia de Primera Nominación de la Primera Circunscripción Judicial, en una nota periodística explicó que en febrero ingresaron a su juzgado, 401 causas solamente por violencia de género. Y sólo hay tres Juzgados de Familia".
"Entonces hay que escuchar más a los operadores de la Justicia que están tratando con esta magnitud de volumen de causas, para generar políticas públicas", manifestó.
Por otra parte, dijo que a la par del crecimiento demográfico los conflictos también han aumentado en cantidad y en complejidad y subrayó: "Esto es transversal a los demás poderes porque el acceso a la Justicia implica no solo lo que sucede en el Poder Judicial, sino aquellas cuestiones que atraviesan al Poder Ejecutivo y al Legislativo, en materia de niños, niñas y adolescentes, adultos mayores y demás grupos vulnerables. De acuerdo a las leyes que rigen, la participación y el tratamiento de esos temas es absolutamente transversal a los tres poderes del Estado. Por eso es necesario que comencemos a discutir en serio todas estas cuestiones".
