La propuesta del juez federal Ariel Lijo para integrar la Suprema Corte de Justicia es quizás el emergente más intenso de la tendencia autodestructiva de la gestión que encabeza Javier Milei.
martes 31 de marzo de 2026
Polémica. Milei sostiene la canditatura a la Suprema Corte del cuestionado juez federal Ariel Lijo.
La propuesta del juez federal Ariel Lijo para integrar la Suprema Corte de Justicia es quizás el emergente más intenso de la tendencia autodestructiva de la gestión que encabeza Javier Milei.
No hay registros de un candidato a la Corte que haya generado semejante cantidad de objeciones y reproches de orden ético, provenientes de los más disímiles ámbitos.
A este alud de cuestionamientos, que por sí solo debería inducir algún tipo de reflexión en el Gobierno, se superpone la fractura que ha producido la postulación en las propias filas libertarias y el rechazo del PRO enfilado con el presidente Mauricio Macri, que dice compartir en líneas generales la orientación de la política de Milei aunque plantee críticas a su funcionamiento. Nada menos que la vicepresidenta Victoria Villarruel, cuya imagen no sufre erosión alguna por la distancia con el Presidente sino todo lo contrario, expresó su repudio.
El hecho de que sea imposible que Lijo obtenga el acuerdo del Senado sin la colaboración del kirchnerismo completa un panorama que, dado su carácter absurdo, impone un interrogante: ¿qué espera ganar el Presidente con el encumbramiento del personaje?
No contribuye al prestigio del máximo tribunal del país, es un factor de división en su sector y de divergencia con sus potenciales aliados y para darse el gusto requerirá pactar con el kirchnerismo al que defenestra. No hay razones que expliquen la candidatura, al menos confesables. Salvo que se trate de un capricho megalómano.
Aferrado al capital político del control de la inflación, el gobierno de Milei es menos monotemático que monomaníaco. Supone que los perjuicios políticos de los altísimos costos sociales que eroga para mantener los precios a raya serán neutralizados por unos resultados positivos sobre cuya fecha no se expide ni aún de modo tentativo. Esta incierta recuperación está vinculada a la irrupción de inversiones multimillonarias que activarían la economía.
Predicadores entusiastas de este esquema teórico, Milei y el ministro de Economía Luis “Toto” Caputo trajinan foros nacionales e internacionales con insistentes pedidos de confianza en el promisorio futuro de la Argentina que hasta ahora no les han arrojado más dividendos que celebraciones retóricas.
Es notable que las inversiones de envergadura que se esperan obedecerían al concreto estímulo del RIGI y sus generosas concesiones con tres décadas de vigencia garantizada, no a la mística economicista y aventurera que el Presidente despliega en sus crípticas homilías. El blanqueo del que se espera obtener divisas para reforzar las alicaídas reservas, en cambio, se topa con una desconfianza arraigada en años de promesas incumplidas debido a los vaivenes de la política nacional.
Pasa que Milei no termina de construir las herramientas institucionales y afianzar acuerdos que le permitan llevar adelante su programa. Ni siquiera parece haber empezado esta tarea, que al parecer le resulta prescindible. Tal es el elemento central que afecta la credibilidad de su gestión. Sus aclamadas dotes de profeta no alcanzan a aventar las dudas sobre la estabilidad de su diseño político.
Cabe preguntarse qué aporta a la generación de confianza la polémica postulación de Lijo, que partió la exigua representación parlamentaria de los libertarios en el Congreso, profundizó las diferencias con el macrismo y alimenta las conjeturas sobre componendas espurias con el ultrakirchnerismo. Si el juez finalmente ingresa a la Corte, lo hará contaminado por sospechas que indefectiblemente se proyectarán sobre sus decisiones. Es, al margen de las imputaciones que se le hacen, institucionalmente inconveniente desde cualquier punto de vista, salvo el del fanático iluminismo libertario.
Ayer, mientras Lijo se defendía de los mandobles en el Senado, la Cámara de Diputados rechazó por una mayoría aplastante, con macristas incluidos, el DNU que asignó 100 mil millones pesos adicionales a la SIDE. Una señal clarísima de la fragilidad estructural que, bajo la espuma de los dislates y agravios sistemáticos, el orden libertario no sabe, no puede o no quiere revertir.