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SUSCRIBITEPara que no decaiga la exacerbación del espíritu federal del interior disparada por el brete en que se metió Alberto Fernández con la repartija de fondos entre CABA y la Provincia de Buenos Aires, el Ministerio de Economía de la Nación le condonó a las prestadoras energéticas EDENOR y EDESUR 140 mil millones de pesos de la deuda que tienen con la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (CAMMESA).
Es el 63% de los 220 mil millones que adeudan. Los 80 mil millones restantes los liquidarán en 96 cuotas, a tasa subsidiada, conforme al acuerdo de refinanciación de deuda rubricado entre otros por la presidenta de CAMMESA, que es la secretaria de Energía Flavia Royón.
Es de esperar que tamaña concesión a las distribuidoras de CABA y el Gran Buenos Aires precipite reclamos de trato igualitario de los gobernadores embalados en la fiebre antiportuaria.
Podrían esgrimir argumentos idénticos a los que utilizan para sumarse a la arremetida contra la Corte por el fallo favorable a CABA: los recursos son del Tesoro Nacional y se retacearán a hipotéticas obras para sus distritos, porque EDENOR y EDESUR están bajo jurisdicción nacional.
Incluso la lógica sería más exacta en el caso del multimillonario subsidio a las energéticas, puesto que el caso de la poda a CABA los fondos no fueron al Tesoro Nacional sino a la Provincia de Buenos Aires, y el problema que tiene Fernández es que no puede cumplir la sentencia de la Corte sin sacarle al ultracristinista Axel Kicillof lo que le dio en 2020. Dilemas irresolubles.
En abril, la senadora nacional por Córdoba Alejandra Vigo, esposa del gobernador Juan Schiaretti, presentó un proyecto para que la Nación transfiera las empresas Agua y Saneamientos Argentinos (AySA), Edenor y Edesur a las jurisdicciones de la CABA y la Provincia de Buenos Aires, o lo que es lo mismo: que el Tesoro nacional deje de financiar con fondos de todos los argentinos los servicios del área metropolitana.
“El Estado Nacional financia las tarifas con fondos aportados por todas las provincias, a través de subsidios a dichos servicios públicos, evidenciándose a todas luces un trato injusto y desigual para con el resto de las provincias, que deben hacerlo con su propio presupuesto. Que esos servicios estén todavía en cabeza de la Nación afecta el modelo federal de gobierno adoptado por la Constitución Nacional. Este proyecto pretende que se restablezca el sistema federal y la equiparación del trato igualitario hacia todas las provincias. Con esta ley, tanto la provincia de Buenos Aires como CABA deberán decidir sobre tarifas, subsidios, inversiones, etcétera, con sus propios recursos y presupuestos, tal como lo hacen el resto de las provincias”, argumentó.
En otras palabras, que Horacio Rodríguez Larreta y Kicillof decidan cuánto de sus presupuestos destinan a subsidiar tarifas, como hacen el resto de los gobernadores para evitarles a sus electorados tarifazos ruinosos.
La propuesta, que se sumó a otra postulada antes por el diputado rionegrino Agustín Domingo, no tuvo el respaldo que los federales prestaron al juicio político al presidente de la Suprema Corte, Horacio Rosatti.
El pacto fiscal firmado por las provincias en 2017 y reformulado en 2018, bajo la administración Macri, contemplaba la transferencia de las empresas a las jurisdicciones de CABA y Buenos Aires, pero la operación nunca se puso en agenda. Tal vez ahora que el Frente de Todos se afinca en el revisionismo histórico se dé la oportunidad, si algún mandatario le propone al Presidente que incluya el asunto en el temario de las extraordinarias que convocará para iniciar el trámite del juicio político. Ya que hace 30, que haga 31; qué le cuesta, si total las prestadoras ya tienen el subsidio en el gañote.
El beneficio tiene un detalle propicio a las habladurías de los malpensados: EDENOR pertenece a Daniel Vila, Mauricio Filiberti y el exministro del Interior José Luis Manzano, amigo del ministro de Economía Sergio Massa.
Completito, el combo federal.n
