El volumen que alcanzó la polémica por el método acordado entre los gremios y el Gobierno para actualizar los sueldos de la administración pública obligó al presidente del Consejo Profesional de Ciencias Económicas, Federico Rueda, a ensayar algunas explicaciones para no quedar envuelto en litigios de campaña.
Ocurre que la base para las críticas de la oposición y los gremios disidentes fue un informe del Observatorio del Consejo que demostró que los incrementos salariales otorgados a los agentes de la administración pública no alcanzaron a empatar la inflación, como supuestamente era la pretensión, aunque esta meta sí se superó con los últimos bonos. A criterio del Consejo, conviene revisar el mecanismo para que la actualización sea acorde con la pauta inflacionaria en el sueldo, y no dependa de desembolsos extraordinarios y en negro como son los bonos.
Es una discusión técnica que excede la campaña, pero Rueda creyó conveniente subrayar que la institución que preside no denunció en ningún momento una liquidación irregular de los haberes, como los gremios rebeldes y la oposición denuncian, sino la aplicación de una fórmula de cálculo ineficaz para que el agente público no pierda poder adquisitivo frente a la inflación. Que son dos cosas distintas.
Lo que llama la atención es el silencio de los funcionarios del Gobierno en una controversia que, más allá de las razones que asistan a cada parte, lo perjudica en plena campaña.
Antes de Rueda, que habló en defensa de la ecuanimidad del Consejo Profesional de Ciencias Económicas, salieron a sostener el sistema vigente la Unión de Personal Civil de la Nación y ATE, también en defensa propia porque fueron las organizaciones que lo suscribieron y se sienten amenazadas por el discurso de sindicatos que les compiten por la representación de los estatales.
¿Y el Gobierno no tiene nada para decir?
Tal vez el oficialismo tenga encuestas que indiquen que, en realidad, la discusión no tiene el poder erosivo que la oposición le atribuye, pero aún así…
Pareciera que gran parte del funcionariato no se siente lo suficientemente comprometido con el resultado de la elección, o supone que enredarse en discusiones de corte electoral le contaminaría el perfil técnico.
Sutilezas técnicas al margen, desde el punto de vista específicamente político, en la marcha de ayer se destacó la presencia de dos exministros de Economía del radicalismo que eran un “bocato di cardenale” para que referentes del oficialismo salieran al cruce: Mamerto Acuña, primer candidato a diputado provincial de la lista que encabeza Flavio Fama en la interna de Juntos por el Cambio, y Raúl Esteban Giné. Parece que en el Gobierno nadie se acuerda ya de sus gestiones.
Tampoco se le ocurre a ninguno de los funcionarios señalar políticas oficiales que tienen impacto directo en el alivio de los mandobles inflacionarios sobre el bolsillo de la administración pública, como es el caso de los descuentos que se aplican a las compras con la tarjeta del Banco Nación en el programa Días de Ensueño.
Esta indiferencia de los funcionarios a las alternativas de la campaña profundiza las distancias con los cuadros y militantes políticos que tienen que poner la cara para pedir el voto.
No sería la primera vez que los alcances de un conflicto se subestiman en la creencia de terminará neutralizado por el mero paso del tiempo. Baste recordar los niveles de virulencia que cobró el desatado con el personal del sistema de salud pública, que costó tres veces más resolver porque los encargados de detectarlo y contenerlo prefirieron mantenerse prescindentes.