En caso de que le confirmen la detención, sería trasladado al Servicio Penitenciario Provincial.
Este viernes se resolverá si Mario Eduardo Carranza (63), el único acusado de haber asesinado a Alicia Suárez (40), sigue detenido o no. La audiencia de control de detención se hará hoy en el Juzgado de Control de Garantías. Será dirigida por la jueza de Control de Garantías Nº 2, Cecilia Mas Saadi, quien está actuando como subrogante del Juzgado de Control de Garantías Nº 1, que se quedó sin juez tras la renuncia del ahora ex magistrado Héctor Rodolfo Maidana.
Se espera que, en esta audiencia, la fiscal Penal de Violencia Familiar y de Género, Alejandra Antonino, solicite que Carranza permanezca privado de la libertad. En caso de que se confirme la detención del hombre, sería trasladado al Servicio Penitenciario Provincial (SPP) de Miraflores, Capayán.
Por este suceso, Carranza está imputado por el delito de “homicidio doblemente calificado por mediar una relación de pareja y por haber sido cometido por un hombre en contra de una mujer en contexto de violencia de género (femicidio) en calidad de autor”.
El femicidio de Alicia ocurrió el 6 de abril de este año en barrio Altos de Choya, en la zona norte de la ciudad Capital. El cuerpo fue hallado por un vecino a la tarde. Se encontraba en un estado deplorable, semidesnuda y con dos mascotas en un charco de sangre. Según el protocolo de autopsia, la causa de muerte fue un shock hipovolémico masivo con hemorragia, producto de la herida cortante en el cuello. Además, se constataron lesiones en el rostro y el abdomen.
Carranza fue indagado por este suceso, pero se abstuvo de prestar declaración. En la indagatoria, fue asistido por el defensor oficial Efraín Morcos.
La situación de Alicia era conocida por el Estado provincial. Según la información a la que pudo acceder El Ancasti, sus hijos menores de edad están institucionalizados y el padre de éstos permanece detenido en el SPP cumpliendo condena.
El Estado sabía de su existencia, sus limitaciones y sus carencias.
Alicia tenía graves problemas de adicciones.
Sus vecinos dan testimonio de las situaciones que vivía, que por lo general no tenía qué comer y que le habían robado hasta los sanitarios de un baño o letrina que tenía en su modesta casa del barrio Altos de Choya.
Eventualmente recibía comida de un comedor cercano, pero, de acuerdo al testimonio de vecinos, vivía de la caridad pública.
Fue degollada supuestamente por Carranza, su pareja.
Presuntamente -porque es materia de investigación por parte de la Fiscalía-, el día anterior los dos comenzaron a compartir sustancias y bebidas alcohólicas.
La fiesta había comenzado en la casa del agresor, que queda aproximadamente a una cuadra de su domicilio, al que se trasladaron al día siguiente y donde se produjo el salvaje ataque.
Se pudo conocer que en su hogar no había agua corriente ni energía eléctrica, lo que retardó las pesquisas del personal de las divisiones de Homicidios y de Criminalística de la Policía, quienes debieron alumbrar la escena con luces alimentadas con un grupo electrógeno o generador.
En un primer momento la causa estuvo a cargo de la fiscal Paola González Pinto, quien ordenó detener provisoriamente a dos hijos del agresor de entre 30 y 35 años y otro individuo de 50, quienes luego fueron liberados.
