Confesó abusos a menores. Le redujeron la pena a la mitad y estuvo sin tobillera en domiciliaria.
Rodrigo Santi, ex instructor de Bomberos que confesó haber abusado sexualmente de menores durante las prácticas en el cuartel, se encuentra actualmente con prisión domiciliaria en medio de denuncias de manejo irregular de la causa por parte de la fiscalía. La investigación contra Santi comenzó cuando varias víctimas denunciaron haber sido abusadas por el instructor durante las prácticas para ingresar al cuartel de Bomberos.
El acusado enfrenta cinco imputaciones. Tres casos de abuso sexual simple a menores, tenencia de material de pornografía infantil y un abuso sexual agravado con acceso carnal en concurso con corrupción de menores. Y además, el imputado podría ser calificado como un abusador serial, existiendo más víctimas cuyos casos habrían prescripto con el paso del tiempo.
Lo que parecía ser una causa que seguía su curso normal tomó un rumbo sorpresivo a finales de octubre del año pasado. José Tomás Corigliano, abogado que representa a la familia de una de las víctimas, reveló que los problemas comenzaron con la incorporación de un nuevo defensor para Santi, Alejandro Bianco, quien hasta julio trabajaba en el equipo de la fiscal Juliana Companys, responsable de la investigación. "Instruyó la causa y luego lo defendió. Es una locura, sabía todos los pasos", denunció Corigliano, señalando una incompatibilidad ética y moral evidente. El abogado fue enfático: "Acá hay una inequidad brutal de armas porque quien defendió al abusador tenía más información que la propia causa que representa a las víctimas".
El 19 de noviembre, tras una cédula de notificación de la defensa alegando problemas de salud mental del acusado, se le otorgó la prisión domiciliaria a Santi. La acusación se enteró recién cinco días después de que el imputado ya estaba en su casa.
Pero lo más grave estaba por revelarse. Corigliano comenzó a recibir mensajes alertando que Santi no tenía colocada la tobillera electrónica y que salía libremente a buscar pedidos y se movía por la zona sin restricciones. Recién la semana pasada la fiscal Companys emitió un comunicado confirmando que el acusado tenía tobillera, pero según la acusación, si la hubiese tenido desde el principio, debería constar en la resolución inicial.
Otro aspecto polémico del caso es el acuerdo de juicio abreviado alcanzado entre fiscalía y defensa. Mientras que Santi debería enfrentar una condena de entre 12 y 14 años de prisión, sorpresivamente se llegó a un acuerdo por apenas ocho años de cárcel, casi la mitad de lo esperado.
"Su nuevo abogado consiguió en poco tiempo reducir casi la pena en un 50% y una domiciliaria", cuestionó Corigliano. Ante este "papelón", la acusación decidió hacer pública la situación y presentar una denuncia ante el Colegio de Abogados, lo que derivó en la renuncia de Bianco como defensor.
El 1° de febrero será clave para el caso. La acusación presentará su oposición a la resolución que otorgó la prisión domiciliaria, esperando que la jueza revoque la decisión. Ese día también presentarán un documento, en donde se va a proponer que la pena mínima para Santi sea de 10 años.
