Un trabajo reciente de investigadores de la Universidad de Buenos Aires y del Conicet estableció quién controla la tierra en la Argentina y, sobre todo, qué recursos estratégicos están asociados a esa propiedad. El mapa de extranjerización elaborado por los equipos académicos señala que en el país hay hoy alrededor de 13 millones de hectáreas en manos extranjeras, una superficie que se distribuye de manera desigual, con focos de altísima concentración.
Desde hace más de una década rige la llamada Ley de Tierras, que establece un límite del 15 por ciento a la propiedad extranjera de tierras rurales, tanto a nivel provincial como departamental. No impide inversiones ni bloquea el desarrollo productivo, pero reconoce que la tierra no es un bien cualquiera y que su control tiene implicancias económicas, ambientales y geopolíticas.
Ese marco legal es el que el gobierno de Javier Milei busca eliminar. La intención fue reconocida públicamente por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y se inscribe en una concepción que concibe a la tierra como un activo más del mercado, despojado de cualquier dimensión estratégica.
El relevamiento de la UBA y el Conicet muestra que ya existen al menos 36 departamentos del país que superan el límite del 15 por ciento de tierras en manos extranjeras. En cuatro casos la situación es extrema: Lácar, en Neuquén; General Lamadrid, en La Rioja; y Molinos y San Carlos, en Salta, donde la extranjerización supera el 50 por ciento de la superficie rural. Son territorios donde se concentran fuentes de agua dulce, minerales o ambas cosas a la vez.
Catamarca aparece dentro de ese mapa con un nivel de extranjerización que oscila entre el 12 y el 12,8 por ciento de su superficie rural. A escala provincial el tope legal aún no ha sido superado, pero la concentración se da, como en el resto del país, en departamentos con alto potencial minero y en áreas vinculadas a cuencas hídricas estratégicas.
El fenómeno no es exclusivo del NOA. En Cushamen, Chubut, uno de los departamentos que excede el límite legal, se encuentra Puerto Patriada, en plena Reserva Forestal de Uso Múltiple Lago Epuyén, una región de enorme valor ambiental que en los últimos años fue golpeada por incendios devastadores. Allí, como en otros puntos de la Patagonia, la extranjerización avanza sobre territorios sensibles, con escaso control estatal y débil presencia institucional.
El mapa también identifica a los principales países de origen de los propietarios. Estados Unidos encabeza la lista, con más de 2,7 millones de hectáreas en la Argentina, una extensión mayor que la de toda la provincia de Tucumán.
Derogar la Ley de Tierras implicaría remover el último dique de contención frente a este proceso y habilitar la compra irrestricta de zonas con lagos patagónicos de agua dulce, bosques nativos, cordillera rica en minerales críticos y áreas fronterizas de alta sensibilidad. No sería una política de desarrollo, sino una renuncia explícita a cualquier noción de planificación territorial y defensa del interés nacional.
La tierra es soporte de la producción, reserva de agua, fuente de minerales y base material de la soberanía. Mantener la Ley de Tierras y, sobre todo, hacerla cumplir con controles efectivos, no es una postura ideológica sino una decisión estratégica elemental.
