jueves 22 de septiembre de 2022

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Cara y Cruz

Escenario anárquico

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9 de septiembre de 2022 - 01:10

Un sistema salarial de la administración pública signado por inequidades en los ingresos de personas que desempeñan tareas similares se confabula con la proliferación de organizaciones que se arrogan representación sindical entre los empleados del Estado, la construcción de unas condiciones propicias al caos y refractarias a los consensos.

Los conflictos en la Agencia Recaudadora de Catamarca (ARCA) y el área de Salud reflejan esta situación.

En ARCA la controversia se disparó porque sus agentes sienten que sus adicionales están bajo amenaza. Ayer depusieron las medidas de fuerza tras un encuentro que mantuvieron con el flamante ministro de Gobierno, Juan Cruz Miranda, quien tuvo que debutar tratando de acomodar los desarreglos de las carteras de Trabajo y Salud. Los adicionales no experimentarían mengua alguna ni se verán afectados por las políticas salariales del Gobierno.

El problema, sin embargo, subsiste.

El esquema salarial público está tramado por adicionales de todo tipo, en diferentes organismos, que distorsionan el principio de igual remuneración por igual tarea.

Es una deficiencia que viene de décadas y se acentuó en la gestión de Eduardo Brizuela del Moral. Holgado de fondos por la concurrencia del auge de la renta minera y el incremento de los ingresos de la coparticipación federal y recursos nacionales de asignación específica en el ciclo próspero del primer kirchnerismo, el radical no tenía inconvenientes en saldar o prevenir conflictos puntuales entregando ventajas a unas parcelas de la burocracia estatal en detrimento de otras.

Esta dinámica de parches, sumada a la destrucción de la carrera administrativa, anarquizó el sistema salarial y afianzó injusticias palmarias de muy complejo desmonte, debido a que los adicionales otorgados son derechos adquiridos por los trabajadores.

Cualquier intento tendiente a equilibrar las cargas naufraga ante la lógica resistencia de los afectados, como ocurrió en ARCA, con una polémica que asoma también cada tanto: con los adicionales, los sueldos llegan a superar el tope salarial, que es el sueldo del Gobernador y más de uno reclama por que se lo exima de este límite.

En Salud, el principal obstáculo para cerrar un acuerdo es que hay dos organizaciones sindicales que le disputan la representación de los trabajadores a ATSA, liderada por Leonardo Burgos.

Una es APROSCA, a la que el Gobierno y el propio Burgos recriminan deficiencias formales en el trámite de la personería gremial.

La otra es ATE-Salud, que capitanea “Tato” Traverso e instiga las medidas de fuerza y movilizaciones ahora porque la dejaron afuera de las tratativas la semana pasada después de que, también con la intervención del debutante Miranda en la cartera política, el Gobierno debió recular con la baja de los contratos a agentes que habían participado de las medidas de fuerza.

La tensión entre estos tres sellos dificulta las negociaciones porque deben satisfacerse las pretensiones de todos y la estrategia seleccionada por APROSCA y ATE-Salud para esmerilar a Burgos es la clásica: extremar los reclamos para apoderarse del casillero combativo. Cosa que no demanda excesivos esfuerzos, por otra parte, ya que Burgos no se caracteriza por su espíritu confrontativo y más bien opera como aliado del Gobierno, que por su parte lo distingue como interlocutor dilecto.

La interna sindical apareció nítida en la primera mitad del año, cuando el Gobierno decidió el pase a planta permanente de 5.000 contratados y circuló un audio en el que el secretario general de ATSA bajaba línea a sus delegados para que hicieran las listas de los beneficiados y los afiliaran.

Los cambios necesarios para diseñar un esquema salarial más razonable y equitativo requieren consensuarse con representaciones sindicales que cumplan no solo con los requisitos de legalidad, sino también de legitimidad.

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