Ramón Ismael Romano alias “Tata”, comenzó a ser juzgado ayer en la Cámara Penal N° 1 por "robo agravado por el uso de armas", ocurrido en 2024.
viernes 3 de abril de 2026
Ramón Ismael Romano alias “Tata”, comenzó a ser juzgado ayer en la Cámara Penal N° 1 por "robo agravado por el uso de armas", ocurrido en 2024.
Según la acusación formulada por el fiscal Augusto Barros, titular de la Fiscalía Penal N° 1, Romano interceptó a un peatón en la vía pública y con un cuchillo lo amenazó para luego sustraerle un teléfono celular, dinero en pesos argentinos y en moneda extranjera.
El hecho ocurrió en el pasaje Bucetich, en las inmediaciones de la bajada de dique El Jumeal. Según el expediente, Romano se trasladaba en una motocicleta de 150 cc., con el que cometió el atraco y se fugó.
Durante la lectura de la requisitoria fiscal se presentó el testimonio de la víctima, quien relató que se sintió atemorizada cuando Romano sacó de su cintura dos cuchillos y le gritó: “¡Entregá todo si no te desvacío! Dale, dale, que estoy apurado”.
El damnificado debió entregarle sus pertenencias por temor a perder la vida.
Ante el presidente del Tribunal, el juez Miguel Lozano, Romano negó haber cometido el asalto. Dijo que aquella noche estaba junto a la víctima y otros amigos, con quienes había salido a pasear por El Jumeal. Afirmó que, al notar el faltante de su celular, tomó los teléfonos de sus acompañantes como garantía hasta que apareciera el suyo.
Dijo además que se sorprendió cuando al día siguiente, la Policía allanó su domicilio y secuestró los teléfonos y fue detenido.
Romano es asistido por un abogado de la Defensoría Oficial y llega al proceso en libertad, beneficiado con una eximición de prisión.
En la audiencia de ayer no estuvo el denunciante, por lo que el tribunal resolvió pasar a un cuarto intermedio hasta el próximo lunes, cuando se espera su declaración y la de otros testigos.
En caso de ser hallado penalmente responsable, el Código Penal Argentino establece para el delito de robo agravado por el uso de arma una pena de entre cinco y 15 años de prisión. Dado que el imputado no cuenta con antecedentes condenatorios y llega al juicio en libertad, en caso de recaer una condena, podría corresponderle la aplicación del mínimo legal previsto para este tipo de delito.