Entrar con adicciones y resocializarse, la meta difícil de la cárcel
La ministra de Corte Fernanda Rosales Andreotti remarcó la importancia de la prevención y asistencia.
29 de junio de 2026 - 00:05
En más de un veredicto condenatorio, los tribunales penales ordenan que el Servicio Penitenciario Provincial arbitre los medios para que los penados realicen tratamientos de desintoxicación o rehabilitación de adicción a estupefacientes. Es decir, estas personas ingresan a la cárcel arrastrando una adicción y en ese lugar deben resocializarse. El panorama se complica. ¿La cárcel es un centro de rehabilitación? La ministra de Corte Fernanda Rosales Andreotti, presidente de la Sala Penal del supremo tribunal de Justicia catamarqueño, remarcó que tanto el consumo problemático de sustancias como la adicción son problemas multicausales, muchas veces relacionadas con carencias de distintos tipos y no solamente económicas.
Además, indicó que el Estado en su conjunto está a cargo del tratamiento de la prevención. Sobre todo, señaló al Poder Judicial, dado que a través de normas se puede realizar una fuerte intervención para la prevención y para crear dispositivos que permitan una atención temprana.
"Después la tarea asistencial está a cargo del Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo es quien tiene a su cargo el tratamiento, los sistemas de salud y los dispositivos de salud. Acá entra a jugar una ley que es fundamental, que no tiene un correlato provincial en el sentido de ver qué hacemos a nivel local con esto, que es la Ley de Salud Mental", explicó.
En este contexto, remarcó que la Ley de Salud Mental tiene como eje el abordaje comunitario. Es decir, el contexto del tratamiento —ámbito social, cultural o familiar— es fundamental. "El tratamiento de desintoxicación sirve para eso, para tratar la crisis, pero no para tratar el problema de la adicción de fondo. En el Servicio Penitenciario, la gente que ingresa tiene un gabinete especializado que se encarga de tratar este tema de las adicciones. Esa es su función", comentó.
La ministra Rosales Andreotti reconoció que el tema de las adicciones, tanto dentro como fuera del Servicio Penitenciario, es una cuestión compleja. Precisó que una persona que ingresa a un tratamiento por adicciones suele pasar por varias situaciones, avances y recaídas. "Las adicciones son cuestiones muy complejas que no se curan, como se dice, sino que es un día a día. Es multicausal. Entonces, si yo trato a la persona, la aíslo y en ese contexto logro que no consuma, pero no trato su cuestión de vínculos sociales, de vínculos familiares, de vínculos afectivos, probablemente esa persona cuando vuelva a su situación de origen, vuelva a sufrir las mismas cuestiones que lo llevaron a esa situación de adicción con la dificultad de que ya tiene generado un problema de salud mental relacionado con las adicciones o con el consumo problemático de sustancias", explicó.
Contexto de encierro
Llevar esa situación de adicción y abordaje comunitario al ámbito del Servicio Penitenciario genera una situación bastante particular. La cárcel es una comunidad de personas privadas de la libertad. "No es el ámbito en el que podemos pensar que va a tener un mayor éxito esa resocialización, si esa resocialización no es acompañada una vez que la persona sale del Servicio Penitenciario", advirtió.
Si bien la responsabilidad de asistencia es competencia del Poder Ejecutivo, la ministra Rosales Andreotti consideró que el Poder Judicial sí puede ayudar. "Tiene medidas en las que puede colaborar, ordenando los tratamientos y abordajes socioeducativos pero el cumplimiento de esos tratamientos no está a cargo del Poder Judicial ni puede estarlo porque el Poder Judicial no está para hacer tratamientos de salud mental. Las funciones son diferenciadas. Puede aconsejarlo, puede ordenarlo como una pauta de conducta y puede controlarlo", aclaró.
A la vez, remarcó que se debe tener en cuenta la voluntad de cada persona para poder realizar el tratamiento. La Justicia puede ordenar el tratamiento, el Poder Ejecutivo puede disponer de los recursos pero si no están generadas las condiciones para que la persona pueda adquirir esa voluntad y pueda realmente sostener ese tratamiento en el tiempo y sostener esa abstinencia, difícilmente alcance la meta.
"La cárcel no es un centro de rehabilitación... No es el fin la rehabilitación en sí, pero sí es la resocialización, en términos de volver a la sociedad con vínculos sanos, con una noción de respeto por la norma, de respeto por los semejantes y los demás. Si hablamos de personas que tienen padecimientos de salud mental, también es una obligación del Servicio Penitenciario darles un tratamiento y darles la posibilidad de tener ese tratamiento. Si nosotros entendemos a la pena, como lo dice nuestra Constitución Nacional, con fin de resocialización, el fin de que esa persona vuelva a la sociedad como una persona que pueda generar vínculos sanos con los demás y con la propia sociedad y con el derecho, por supuesto, entonces también tendremos que atacar o de alguna manera contemplar todos aquellos factores que lo llevaron a delinquir", consideró.
La ministra señaló que las adicciones son factores que hacen mella a la sociedad. También advirtió que se debe tener en claro que si la sociedad considera que la condena o la pena es un castigo, la mirada es distinta.
"Creo que -porque así lo dice nuestra Constitución-, el fin de la pena es resocializador. Si es resocializador, el Servicio Penitenciario es un lugar donde se debe contemplar, por supuesto, el tratamiento, porque si hablamos de resocialización en una persona que tiene adicciones, comprende necesariamente esa vuelta a la sociedad que es otra cuestión para discutir, si están fuera de la sociedad o no, porque en realidad siguen estando dentro de la sociedad, nada más que están privados de su libertad en un lugar distinto. Entonces, sí comprende dentro del fin resocializador que la persona vuelva sana", sostuvo.
Un pedido de ayuda desde el penitenciario
Días pasados, Jacobo Jiménez, un hombre de 32 años que cumple condena en el Servicio Penitenciario Provincial, en Capayán, difundió un video. Es más conocido como “Niño J”. Fue un niño judicializado, por su situación de vulnerabilidad, por el viejo Juzgado de Menores. Se convirtió en un adolescente en conflicto con la Ley Penal. Con 18 años, fue condenado por delitos contra la propiedad. El año pasado, el Tribunal Oral Federal (TOF) lo condenó a siete años de prisión por narcotráfico.
“Me hago cargo de mi pasado y los errores cometidos. Fui un pendejo inmaduro que cometió errores como cualquier adolescente. No tuve educación ni formación. Me formé a base de golpes y maltratos que me obligaron a madurar. Llevo 14 años privado de la libertad y nadie se ocupó de ver la raíz del problema, para brindarme ayuda o apoyo. Pido una oportunidad”, dijo.
