“Vecinos en alerta por robos y violencia en barrios de la Capital”, “Reclaman mayor presencia policial ante reiterados robos”, “Robaron por un boquete en San Isidro”, “Serie de robos en el sur”, “Motochorros atacan en el Eva Perón”. Todos estos títulos fueron publicados en los últimos meses y reflejan que la inseguridad dejó de ser una percepción aislada: es una problemática sostenida que condiciona la vida diaria de los barrios. Lo que aún debe discutirse con más rigor es si la violencia asociada también viene en ascenso o si ciertos hechos extremos magnifican un clima de temor que las estadísticas no terminan de mostrar.
El ataque que sufrió la docente Luisina Vega en el barrio Alcira Sur reactivó ese debate. Recibió seis puñaladas al resistirse al robo de su bolso en plena tarde. El sospechoso, Axel Benjamín Castro, fue detenido con el arma utilizada y la fiscal Yésica Miranda lo imputó por “homicidio criminis causa en grado de tentativa”. La brutalidad del hecho es evidente, pero también es cierto que no representa el comportamiento promedio de los robos registrados en la provincia. Es un caso extremo que exige respuestas, no simplificaciones.
El episodio expone dos déficits. Primero, la vulnerabilidad de sectores donde la circulación de vecinos no disuade a los agresores. Segundo, la irregularidad de los patrullajes, señalada por quienes viven en zonas periféricas y observan una presencia policial insuficiente. La rápida detención del sospechoso exhibe capacidad de reacción, pero no reemplaza a una política preventiva consistente ni a un diagnóstico público sobre la dinámica delictiva en la capital catamarqueña.
La inseguridad dejó de ser una percepción aislada: es una problemática sostenida que condiciona la vida diaria de los barrios. La inseguridad dejó de ser una percepción aislada: es una problemática sostenida que condiciona la vida diaria de los barrios.
La ausencia de información oficial profundiza la incertidumbre. Tras un ataque de este nivel, ninguna autoridad de Seguridad salió a explicar qué falló ni qué medidas se adoptarán. Las imágenes captadas por una cámara de seguridad llegaron a los medios nacionales. Ese silencio institucional alimenta la percepción de desprotección y deja sin marco a la discusión pública.
Los datos del Sistema Nacional de Información Criminal (SNIC) permiten dimensionar el contexto. A nivel país, la tasa de robos aumentó un 1,4 % en 2024. En Catamarca, la información disponible muestra algo distinto: un incremento significativo en la cantidad de hechos denunciados. La categoría Robos -sin lesiones graves ni muerte- pasó de 3299 casos en 2023 a 3646 en 2024, lo que representa un 12,9 % de aumento en volumen de hechos. También hubo una suba leve en los intentos de robo (7,8 %). No se registraron robos agravados por lesiones o muerte, lo que confirma que la violencia extrema no es un patrón estadístico, aunque sí un síntoma preocupante de fallas en la prevención.
Mientras tanto, puertas adentro del área de Seguridad se desarrollan reuniones intersectoriales para analizar el mapa del delito, pero sin informar conclusiones ni estrategias.
La escalada delictiva no es solo un conjunto de números: es la manifestación de fallas estructurales que la gestión de Seguridad todavía no explicó ni corrigió.
Entre estadísticas que suben y respuestas que no llegan, se instala un vacío que la sociedad siente a diario. Sin información clara y sin planificación visible, la distancia entre la realidad de las calles y el discurso oficial seguirá ampliándose, y en ese espacio crece la inseguridad.
