Solamente en dos casos hay imputados por femicidio. Una de las fallecidas era una bebé recién nacida.
La violencia contra la mujer es una de la problemática sociales más graves. La muerte de mujeres en contexto de violencia de género, en ocasiones, suele estar marcada por varias vulnerabilidades. Según estadísticas judiciales a los que El Ancasti pudo tener acceso, durante 2025, en Catamarca se registraron cinco muertes violentas de mujeres. No obstante, solamente dos causas están siendo investigadas como “femicidios”.
El primer hecho es de abril. Alicia Suárez tenía 40 años fue asesinada con dos heridas cortantes en el cuello. El único imputado es Mario Eduardo Carranza (63) y deberá responder por “homicidio doblemente calificado por mediar una relación de pareja y por haber sido cometido por un hombre en contra de una mujer en contexto de violencia de género”. Alicia y Carranza eran pareja pero no convivían.
Alicia se encontraba en una situación de vulnerabilidad extrema y de desprotección. Era oriunda de Santiago del Estero y apenas había terminado la escuela primaria. Era madre de cuatro hijas; las dos más pequeñas fueron institucionalizadas. Alicia estaba a la buena de Dios. Era adicta a las drogas y se prostituía para poder consumir. Vivía en una casa precaria, sin servicios básicos, muebles ni sanitarios. Cinco meses antes, Alicia había empezado una relación con su vecino Carranza, quien había quedado viudo. En su casa, tenía un plato de comida. Carranza tendría cierta estabilidad, una vivienda con servicios y contaría con medios para mantener un nivel de vida. Todo lo contrario a Alicia.
A mediados de junio, en Santa María, de Ramona Antonia Ramos de 41 años, fue ultimada. Su pareja, Esteban Chaile, fue imputado por “homicidio agravado por el vínculo, mediando violencia de género” (femicidio). Ramona, oriunda de Belén, era docente y comerciante. De acuerdo con las primeras investigaciones, la mujer presuntamente fue arrollada por una camioneta Toyota Hilux modelo 1992, propiedad de Chaile, en inmediaciones de la localidad de El Altillo. Posteriormente, Ramona fue trasladada hasta el domicilio donde Chayle convocó a una enfermera, en El Recreo. La auxiliar de la sanidad solicitó la presencia del personal médico. Al arribar la ambulancia y constatarse la ausencia de signos vitales, se dio inmediato aviso a la Policía y al fiscal de turno.
Ambas causas, investigadas como “femicidio”, continúan en curso. Dada la imputación, oportunamente los expedientes serán remitidos a la Oficina de Gestión de Audiencias (OGA) del Poder Judicial a efectos de llevar a cabo los juicios por jurados.
También en abril, falleció María del Valle Marcial, de 38 años, en Andalgalá. Para su familia, María fue asesinada o inducida al suicidio.
Lucas Morales, su pareja, fue imputado por “lesiones leves calificadas por haber mediado una relación de pareja en grado de autor y en contexto de violencia de género” y “amenazas”.
Según se indicó, hasta el momento, no habría indicios de que el acusado hubiera participado en el hecho que le provocó la muerte a María. No obstante, si hubo una situación de violencia la noche previa a su muerte. Por esta situación, a posterior fue imputado. La investigación continúa abierta.
En junio, el cuerpo de una bebé recién nacida fue hallado al costado de la Ruta Nacional Nº 40, en una zona conocida como “Río El Basural”, en el camino hacia la localidad de Londres, Belén. La bebé murió por hipotermina. No hubo sospechosos ni avances en la investigación. Hasta la fecha, no pudo determinarse un sospechoso ni identificar a un familiar. Para los investigadores, el hecho pudo haber sido cometido por cualquier persona, incluso por una mujer. Tampoco se descartó que el hecho pudiera haberse cometido en otra ciudad. Se solicitaron informes a diferentes centros de salud pero no pudo dar con ningún indicio.
En julio, Nancy Micaela Ybarra perdió la vida en un presunto incendio intencional, aún no tiene detenidos ni sospechosos. La causa de muerte fue "asfixia por inhalación de monóxido de carbono". El incendio sucedió alrededor de las 6.30 del lunes en una vivienda ubicada en inmediaciones de las calles Maipú norte y Doctor Guzmán Pacheco. Si bien hay una sospecha de un contexto de violencia, los investigadores no hallaron indicios de criminalidad. Un informe técnico pericial efectuado por la Policía indicó que "de acuerdo con las normas imperantes en esta Dirección de Bomberos, referidas a la clasificación de los incendios y conforme a los resultados de los estudios de indicios existentes, el presente hecho debe ser caratulado como incendio hipotético intencional". Además, la pericia descartó un "origen accidental" del siniestro.
A los cinco casos registrados en Catamarca, se suma en femicidio de Gladis Guitian, una catamarqueña asesinada en septiembre, en el paraje El Divisadero, Cafayate, Salta, según reveló el informe preliminar de autopsia.
Gladis tenía 36 años. La expareja de la víctima, sindicado como sospechoso, Omar Chachagua se autoprovocó lesiones y tras tres semanas internado con pronóstico reservado, falleció.
La muerte de Gladis no fue un hecho aislado, sino el trágico final de una historia marcada por la violencia que comenzó años atrás en los cerros de San Antonio del Cajón, en Santa María, Catamarca, de donde era oriunda.
Su historia está atravesada por la pobreza y la violencia de género que azotó a su familia. El Ancasti buscó información sobre su vida. Según contaron algunas personas que conocieron a Gladis, las mujeres de su entorno familiar habían atravesado situaciones de violencia y tuvieron asistencia en Hogar Warmi, en la Capital. Gladis decidió irse a Cafayate en busca de una nueva oportunidad. En Salta no habría denuncias previas que alertaran sobre la situación de riesgo que vivía. El crimen de Gladis evidencia cómo la violencia de género se reproduce en contextos de pobreza y aislamiento y afecta a familias enteras. La falta de redes de contención y acompañamiento sostenido en el tiempo puede ser determinante en estas tragedias.
Entre 2017 y 2024, según la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el Registro Nacional de Femicidios contabilizó 20 femicidios en Catamarca, con un pico de 7 casos en 2019. En el mismo período, las provincias vecinas registraron cifras más altas: Tucumán acumuló 94 casos, Salta 92, Santiago del Estero 57, Jujuy 44 y La Rioja 18. El conjunto de las seis provincias del NOA sumó 325 femicidios en ocho años, de los cuales Catamarca representa el 6,15%.
Los datos muestran además un patrón regional preocupante: cinco de las seis provincias registraron su año más letal durante el período de aislamiento y distanciamiento social obligatorio por la pandemia de Covid-19. Jujuy tuvo su pico en 2020, mientras que La Rioja, Santiago del Estero y Tucumán lo registraron en 2021. Este fenómeno es consistente con lo documentado por organismos nacionales e internacionales: el encierro forzado prolongó y agravó la convivencia con agresores, dificultando además el acceso a redes de contención y a la Justicia.
