En el comunicado oficial sobre el acuerdo que liberará 4.700 millones de dólares al Gobierno para pagar los servicios de la deuda hasta abril, el Fondo Monetario Internacional incluyó duras críticas a las “medidas intervencionistas” del exministro de Economía y excandidato a presidente Sergio Massa.
A criterio del organismo, el llamado “plan platita” hundió el convenio alcanzado a principios de 2022 por el entonces ministro de Economía Martín Guzmán para acomodar los pagos de la descomunal deuda contraída por Mauricio Macri.
El programa pactado con Guzmán “se desvió gravemente de su rumbo” a partir de que el control de la cartera económica lo tomó Massa, quien sacrificó puntualmente en el altar de su proyecto presidencial compromisos asumidos por él mismo.
Según este razonamiento, los “desequilibrios macroeconómicos crecientes” que heredó Javier Milei “reflejan principalmente políticas inconsistentes y expansivas, especialmente durante los últimos trimestres del año pasado”.
Si bien el FMI celebró con fervor y optimismo la orientación de las medidas tomadas por la administración Milei en su primer mes, las opiniones sobre el desempeño de Massa pueden ser tomadas como una advertencia.
El organismo viene de experimentar dos fracasos estrepitosos en la Argentina: primero en 2018, con el crédito otorgado a Macri, que fue el más alto de su historia; luego, con la renegociación de 2022 bajo el imperio del trío Fernández-Cristina Kirchner-Massa.
En el caso de la gestión Fernández-Cristina-Massa, conviene recordar un detalle. El acuerdo alcanzado por Guzmán obtuvo un respaldo contundente en el Congreso, con el aval de alrededor del 80% de sus miembros a pesar del rechazo del kirchnerismo. El proverbial genio político de Fernández malogró esta apabullante legitimidad y el programa estalló junto al desenfreno de la crisis.
Es decir: los resultados de financiar dos programas argentinos han sido para el FMI lamentables.
Esta tercera intentona está marcada por una singularidad: el FMI inicia relaciones con un Gobierno cuya disposición a pagarle está condicionada por características extrañas, más allá del estrafalario estilo de su Presidente.
La Libertad Avanza obtuvo un 30% en primera vuelta y alcanzó el 56% en balotaje, de modo que casi la mitad de su caudal es prestado.
A esta composición del voto se suma que, en el mismo proceso, el electorado asignó una representación insignificante al partido de Gobierno en un Congreso donde el trauma del resultado electoral precipitó una fragmentación que le obstaculiza a la hiperminoría las gestiones tendientes a obtener consensos mínimos.
De tal modo, a diferencia de Macri y de Alberto Fernández, Milei tiene un proyecto pero carece de programa. Para que el proyecto se convierta en programa, requiere ser refrendado con las mayorías indispensables por el sistema político representado en el Congreso.
Esto surge de las propias apreciaciones que hizo el Gobierno libertario tras el acuerdo con el FMI.
El ministro de Economía Luis Caputo dijo que, si el Congreso no aprueba la Ley Ómnibus, las medidas que tomará serán todavía “más duras” que las dispuestas hasta ahora.
El comunicado de la Presidencia relevó a Macri de las responsabilidades por la deuda y advirtió: “Restablecido el acuerdo con el FMI, es imperativo que Diputados y Senadores de la Nación aprueben las reformas enviadas al Congreso, indispensables para enfrentar una de las peores crisis económicas de nuestra historia”.
La pelota pasa decididamente al campo político.
Milei debe obtener la consistencia necesaria para llevar adelante lo que se propone y cumplir con los compromisos asumidos con el FMI, que es pasar de un déficit del 3% del PBI a un superávit del 2% este año, acumular reservas por al menos 10.000 millones de dólares y no emitir para financiar al Tesoro.
Logrado el oxígeno financiero del FMI, la clave pasa por la gobernabilidad y el alumbramiento de una lógica para la dinámica institucional en la era Milei.
La construcción del instrumental político libertario está todavía pendiente, pero esta semana emergieron con más claridad algunos embriones del nuevo orden.
El epicentro del proceso es la Cámara de Diputados, donde la discusión pormenorizada del mamotreto de la Ley Ómnibus abrió paso a una flexibilización de la intransigencia que Milei vocifera.
Los operadores del Presidente calculan que se conformaría con que le aprueben el 70 de lo que pretende. Las veleidades fundamentalistas ceden y el diálogo fluye más sensato en el trasfondo de dislates adolescentes como la cuestión de Estado por versiones periodísticas erróneas sobre la mudanza de los perro de Milei a Olivos, disputas entre pandillas de “millenials” por el manejo de la comunicación presidencial o proyecciones ucrónicas tan desmesuradas como incomprobables de la inflación para celebrar el 25,5% de diciembre.
Una oposición dialoguista comienza a converger en la estrategia parlamentaria diseñada por Miguel Pichetto y Emilio Monzó, que lideran el bloque Hacemos Coalición Federal, de 23 miembros.
Hubo una reunión en el despacho de Monzó en la que, además del anfitrión y Pichetto, participaron diputados de varias vertientes.
Por el bloque Córdoba estuvieron Oscar Agost Carreño y Carlos Gutiérrez. Maximiliano Ferraro asistió por la Coalición Cívica. El presidente del bloque de la UCR, Rodrigo De Loredo, asistió acompañado por Soledad Carrizo, Dannya Tavella y el asesor Alejandro Cacace. Por el PRO participaron Silvia Lospennato, Daniel Arabia, María Eugenia Vidal y Laura Rodríguez Machado.
El grupo coincide en rechazar la extensión temporal e institucional de las facultades que Milei pretende que se le deleguen, las privatizaciones, el aumento a las retenciones sin aval legislativo, la eliminación de la fórmula de actualización de las jubilaciones y la reforma política.
Estos condicionamientos coinciden con los de los gobernadores. Los diez de Juntos por el Cambio mantuvieron una reunión vía zoom con los ministros del Interior, Guillermo Francos, y de Economía, Caputo, en la que manifestaron su respaldo a la megaley si se los respetan. Esta semana podría producirse otro encuentro, presencial y con más mandatarios, ya con el propio Milei.
Con planteos disímiles conforme a las características de sus regiones, los gobernadores coinciden en un reclamo general: recuperar los fondos de coparticipación que perdieron por los cambios introducidos en el régimen del impuesto a las Ganancias a instancias de Massa. Otro, menos admisible, es participar en la designación de los funcionarios en las delegaciones que los organismos nacionales tienen en sus provincias.
Efectividades conducentes, diría Yrigoyen, que se les reclama a los jesuitas de las fuerzas del cielo encargados de lidiar con la casta.
