La salud mental en nuestro país atraviesa una encrucijada histórica. La Ley Nacional 26.657, sancionada en 2010 por amplia mayoría del Congreso y con el consenso de muchas organizaciones ligadas a la problemática, fue el resultado de décadas de lucha por los derechos humanos y la validación de un paradigma científico que entiende que el padecimiento subjetivo no se cura con el aislamiento, sino, por el contrario, con la inclusión. Sin embargo, el proyecto de reforma enviado por el Ejecutivo Nacional amenaza con demoler estos cimientos, proponiendo un retorno a las sombras de un modelo que los países más avanzados en la materia ya han descartado.
Según los expertos, el punto más crítico de la reforma es la flexibilización de las internaciones involuntarias. La ley vigente las reserva para casos de “riesgo cierto e inminente”, una protección jurídica esencial para evitar que la psiquiatría se convierta en una herramienta de detención arbitraria. Al diluir estos criterios, la reforma abre la puerta a que la internación vuelva a ser la primera respuesta ante lo “molesto” o lo “diferente”, y no el último recurso terapéutico.
Internar sin un riesgo concreto es una privación de la libertad que ignora la autonomía del sujeto. El paradigma internacional, sostenido por la OMS, no deja lugar a dudas: la salud mental se recupera en la comunidad. La desmanicomialización no implica negar la necesidad de internaciones, sino redefinirlas como un recurso excepcional, breve y orientado a la reinserción social.
La reforma a la Ley de Salud Mental abre la puerta a que la internación vuelva a ser la primera respuesta ante lo "molesto" y no el último recurso terapéutico. La reforma a la Ley de Salud Mental abre la puerta a que la internación vuelva a ser la primera respuesta ante lo "molesto" y no el último recurso terapéutico.
La propuesta de eliminar la prohibición de crear nuevos centros monovalentes (manicomios) es, quizás, el retroceso más simbólico y doloroso. Los muros del manicomio históricamente no han servido para curar, sino para invisibilizar la pobreza y el desamparo. Reabrir esta posibilidad es admitir el fracaso del Estado en la creación de dispositivos intermedios, como casas de convivencia, centros de día, hospitales de noche, que son los que realmente permiten que una persona con padecimiento mental sostenga sus vínculos afectivos y laborales.
La reforma pretende devolverle al médico psiquiatra y al juez una omnipotencia que la ley actual había distribuido en equipos interdisciplinarios. La salud mental es un fenómeno complejo donde intervienen factores sociales, económicos y psicológicos. Reducirla a un diagnóstico biológico y a una firma judicial es ignorar la realidad del paciente.
Desde una perspectiva internacional, la reforma también genera tensiones con compromisos asumidos por la Argentina, particularmente con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que promueve el derecho a vivir en la comunidad con apoyos adecuados. La orientación hacia dispositivos cerrados y decisiones sustitutivas de la voluntad del paciente no solo contradice este enfoque, sino que expone al país a cuestionamientos en el plano del derecho internacional.
Si bien es cierto que la Ley 26.657 ha tenido dificultades en su implementación, el problema nunca fue la letra de la norma, sino el crónico incumplimiento del presupuesto del 10% que la propia ley exige. El actual proyecto no propone financiar el sistema, sino simplificarlo mediante el encierro, una solución que a la larga es más costosa, menos efectiva y profundamente inhumana.
