jueves 28 de septiembre de 2023

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a El Ancasti. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Muerte de un trabajador sanitarista

El fiscal Camps apeló la nulidad de la imputación del intendente Córdoba

La fiscalía recusó a la jueza de Control Karina Naame, quien fue secretaria del ahora defensor de Córdoba.

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a El Ancasti. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

El fiscal de Andalgalá, Martín Camps presentó un recurso de apelación ante el Juzgado de Control de Garantías de Andalgalá, a cargo de la jueza Karina Naame (en comisión), pidiendo la revisión y modificación de su fallo que anuló el decreto de determinación del hecho y todo lo posteriormente realizado por esa fiscalía, en el marco de la causa que investiga la muerte del empleado sanitarista Pedro Delgado (24).

La causa tiene como sospechosos a cuatro hombres, quienes fueron imputados por "homicidio culposo en grado de coautores". Se trata del dueño de la empresa empleadora; el intendente de Andalgalá, Eduardo Córdoba y dos empleados más de la firma.

Camps atacó la resolución de Naame, recordando que antes de ser jueza fue secretaria del anterior juez de Control y actual defensor del intendente Córdoba, el abogado Rodolfo Cecenarro.

Haciendo foco en esta relación laboral, el fiscal informó que en abril presentó un escrito en ese mismo juzgado, recusándola y que el trámite no se resolvió por lo que "socavó el derecho del debido proceso”.

Como la recusación no fue resuelta oportunamente, Camps cuestionó la resolución posterior de la jueza con la que anuló la imputación a Córdoba y los demás sospechosos, disponiendo que la investigación vuelva a foja cero.

En este marco, fundamentó su apelación “teniendo en cuenta principalmente la conculcación de derechos que subvierten la imparcialidad que debiera caracterizar el proceder y pronunciamiento de la señora jueza”.

Querella

La familia de Delgado se constituyó en querellante particular con el patrocinio de la abogada Silvia Barrientos, quien también advirtió que Naame, “antes de ser jueza fue secretaria de Cecenarro, por lo que tienen amistad y obediencia, porque ella era su subalterna”.

En diálogo con El Ancasti, adelantó que en las próximas horas se sumará a la recusación efectuada por la Fiscalía andalgalense y que solicitará realizar una serie de medidas de prueba.

“Hemos salido a buscar testigos de otros hechos que habrían ocurrido en la misma empresa y que fueron tapados, por lo que acá el único responsable es el intendente Córdoba, quien no ha ejercido las acciones de contralor de las empresas que contrata y con quien se tercerizan las obras públicas", explicó.

"Tenemos un testigo que dijo que prácticamente quedó sepultado en otro hecho, donde casualmente fue auxiliado por Delgado. La empresa no tenía todas las cosas en regla", agregó.

Bronca

A partir de la resolución del Juzgado de Control disponiendo que la fiscalía rehaga las actuaciones del caso, desde el entorno familiar de la víctima manifestaron su malestar por la resolución.

Sandra Villagra, madre de Delgado, se pronunció en contra de la determinación: “Ellos tienen la culpa porque mi hijo muchas veces habló y pidió seguridad. El intendente como mínimo tendría que haber enviado un seguro para que controle todos los días de qué forma estaban trabajando, pero no lo hicieron. Por eso, me genera impotencia y mucha bronca cuando leo la noticia de que la causa vuelve a cero".

"Quiero que se haga justicia y que si la jueza no va a cumplir como tiene que ser con su trabajo, que se retire del cargo porque le está obedeciendo al ex juez Rodolfo Cecenarro, abogado defensor del intendente Eduardo Córdoba", agregó.

Visiblemente consternada, consideró que "todo viene por una amistad y yo no quiero que esto quede nulo”.

Por otra parte, sostuvo que la querella "va a apelar esto que se tenga que hacer una nueva investigación”.

Explicó que su hijo -al igual que el resto de los operarios de la empresa contratista-, trabajaban a 4,20 metros de profundidad y aseguró: “Ellos se tenían que dar la mano para meterse a trabajar o para poder salir. Mi hijo llevó de la casa una escalera para poder trabajar y se la robaron del lugar. Ellos estaban trabajando sin seguro”.

Finalmente, remarcó que en reiteradas ocasiones solicitó elementos de seguridad al encargado de la obra: “Él les dijo que no, que no iba a pasar nada y que si no querían trabajar que se vayan a su casa. Hay un testigo de ello pero hoy en día hay muchos que no quieren hablar por temor”.

Seguí leyendo
LO QUE SE LEE AHORA
estatales protestaron nuevamente en el centro capitalino

Te Puede Interesar