El fiscal federal de Santiago del Estero, Pedro Simón, quien solicitó la detención de Claudio "Chiqui" Tapia y Pablo Toviggino en el marco de una investigación por presunta defraudación a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y lavado de activos, apuntó contra el juez de la causa, Sebastián Argibay, por falta de imparcialidad. En declaraciones a Cadena 3, Simón explicó que en enero planteó la recusación del magistrado al advertir posibles vínculos con los imputados. "Habíamos planteado esa recusación cuando advertimos en el Registro de Inmuebles que había un bien adquirido a una de las listas del juez", señaló y agregó que luego ampliaron los argumentos por "otras causales de interés en el pleito".
Según el fiscal, el juez Argibay adoptó decisiones que "avanzaban sobre la autonomía del Ministerio Público Fiscal", como dividir la causa e intimar a la fiscalía a reformular su requerimiento. "El Ministerio Público es autónomo, es el titular de la acción penal y formula el requerimiento cuando considera que tiene los elementos de prueba", remarcó.
Simón también cuestionó el estándar probatorio exigido por el magistrado. "Argibay nos exigía un estándar como si ya estuviéramos en una resolución definitiva. Él mató la causa antes del inicio. Nosotros abrimos la investigación recién", afirmó. En ese sentido, sostuvo que la ley solo requiere "la simple sospecha” para imputar y aseguró que en este caso “teníamos más que simple sospecha".
El fiscal indicó que su equipo describió "todas las transferencias" investigadas y consideró que el juez no podía tomar decisiones de fondo mientras estaba pendiente la recusación. "Al estar recusado no puede tomar medidas dispositivas, solo ordenatorias", explicó, y añadió que lo "normal" hubiera sido que se apartara hasta que resolvieran instancias superiores.
Sobre el fondo de la causa, Simón detalló que investigan una "defraudación importante" a la AFA, además de una presunta apropiación indebida de tributos -ya bajo análisis de la Justicia penal económica- y una maniobra de lavado de activos.
"Hubo fondos que salieron para nutrir a un grupo económico que comandaba Toviggino", afirmó y precisó que ese dinero se habría canalizado a través de "12 o 15 empresas" que, según la hipótesis fiscal, eran manejadas por presuntos testaferros. "Se volcó todo ese dinero en la adquisición de 35 propiedades en Santiago del Estero y en un manejo financiero y económico que sería la maniobra de lavado", sostuvo.
