La oposición consideró que existe una vulneración de derechos adquiridos. Fuertes críticas al Gobierno.
Docentes Autoconvocados convocan a un paro y movilización para mañana a fin de reclamar por la cesantía en cargos u horas cátedra a las que se había accedido por asamblea el año pasado. Se trata de 282 docentes que fueron alcanzados por la medida. Además, la oposición realizó duras críticas al Gobierno.
De acuerdo a la resolución a la que accedió EL ANCASTI, los docentes afectados se distribuyen de la siguiente manera: Tres del Nivel Inicial; 14 del Nivel primario; 163 de Secundaria; 100 de Superior y 2 que trabajan en el nivel Central del Ministerio de Educación. El Gobierno les pagará a esos docentes hasta el mes de diciembre y luego volverá a enviar los cargos a asamblea y/o concurso para el caso del Nivel Superior.
Como se informó, la resolución es del Ministerio de Trabajo, que luego de una auditoría, habría detectado que las direcciones de Nivel no habían cumplido con una autorización previa para el cargo antes de enviar los cargos a concurso. Sin embargo, docentes afectados que siguieron sus expedientes a través de la gestión electrónica afirmaron que los cargos ya estaban autorizados y solo faltaba que el Ministerio de Trabajo comience a pagar.
Los docentes Autoconvocados convocaron a una conferencia de prensa en la plaza 25 de Mayo, a las 9, para explicar la situación y luego a la movilización.
"Denunciamos el ajuste salarial, los recortes presupuestarios y los atropellos del gobierno contra los trabajadores de la educación. Seguimos en lucha, reclamamos la reapertura de la discusión salarial y un incremento para que todos los trabajadores de la educación salgamos de la pobreza. Decimos No al régimen de presentismo que destruye el salario.
Repudiamos las cesantías docentes en todos los niveles, modalidades, a lo largo y ancho de la provincia. Decimos no a los cierres compulsivos de salas, cursos, secciones y anexos", expresaron en la convocatoria.
Por la oposición, la diputada Natalia Herrera realizó un posteo al que tituló: "Más Ministerios que no funcionan".
"¿Me pregunto si esto es consecuencia de lo que advertimos en diciembre sobre el presupuesto? Se advirtió que una de las áreas que debería ser prioritaria sufría un recorte brutal.
Espero que esta no sea una medida más de ajuste, justificada en la emergencia económica que sólo sirve cuando les conviene.
Cuando se trata del salario de los docentes, en el Ministerio se permiten demoras eternas y errores que dejan a 300 personas sin sustento. Pero claro, cuando se trata de comprar camionetas último modelo 4x4 para pasear en el verano no hay error administrativo ni denuncia que los frene. Son una vergüenza", lamentó.
La diputada Silvana Carrizo también se refirió a la polémica que tuvo fuerte repercusión en las redes sociales: "El gobierno se escuda en tecnicismos administrativos para justificar lo injustificable: la vulneración de derechos adquiridos en asambleas y concursos legítimos. Mientras tanto, los Ministerios de Educación y Trabajo deslindan responsabilidades entre sí, sin ofrecer respuestas concretas ni soluciones expeditivas para los docentes afectados, generando mayor incertidumbre y precarización laboral", sostuvo la presidenta de bloque de la UCR.
"Esto no es una simple 'auditoría'. Es un ajuste encubierto en el sistema educativo, disfrazado de formalismos burocráticos. ¿Quién responde por los alumnos que ahora no tendrán clases? ¿Qué solución darán a los docentes injustamente despedidos? ¿Quién se hace cargo de la inseguridad laboral generada por la inoperancia del propio gobierno?", se pregunta.
El diputado Luis Fadel (UCR) también aludió a la situación en la red social X: "A días de inicio del ciclo lectivo se pasan las acusaciones entre el Ministerio de Educación y de Trabajo de la provincia, por su impericia alrededor de 300 docentes quedan sin trabajo. ¡Que alguien se haga responsable alguna vez!"
La exdiputada Cecilia Guerrero también se refirió a la situación: "Es muy grave lo que esta ocurriendo en el Ministerio de Educación de la Provincia. El Estado no puede afectar derechos adquiridos de los docentes, invocando su propia torpeza. Si hubiere incumplimientos reglamentarios, no son atribuibles al personal docente que participó en una Asamblea convocada por el Estado. Y, cuando un acto administrativo ha generado derechos adquiridos, no puede ser dejado sin efecto en sede administrativa, sin recurrir previamente a la Justicia. Mientras tanto, el daño a los docentes afectados es muy grande", analizó.
Como se muestra en esta edición, hay docentes que fueron siguiendo el trámite del alta de su cargo a través del Sistema Informático SAGE porque es público, donde vieron que el cargo estaba aprobado y listo para liquidación, pero luego el Ministerio de Trabajo tomó otra medida.
